La Comunidad de Madrid presentará en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo central y que entró en vigor el pasado mes de mayo. Así lo ha anunciado este mismo miércoles el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo Domínguez. La decisión ha sido tomada esta misma mañana en la reunión semanal del Consejo de Gobierno regional al considerar que hasta ocho artículos de la normativa estatal invaden competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.
Se trata, en suma, de 11 apartados, además de una de las disposiciones finales, en los que el equipo de Isabel Díaz Ayuso percibe que el Estado se "extralimita a todos los efectos" pues “la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad”. En concreto, Rodrigo Domínguez ha hecho alusión a la “excesiva regulación por parte del Estado”, lo que desemboca en discrepancias relativas al "derecho a la vivienda" la “protección pública” y la “definición de las zonas de mercado residencial tensionado”.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño disponen de un margen de seis días -hasta el próximo día 25- para la presentación del anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. No obstante, la intención del consejero del ramo es formalizarlo “cuanto antes”.
"El Gobierno central se extralimita"
La de Vivienda es una de las leyes que fueron señaladas por el candidato a la presidencia por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para revisar por haber contado con el apoyo de Esquerra Republicana Per Catalunya (ERC) y EH Bildu. Por su parte, Díaz Ayuso había trasladado también, ya en el mes de abril, su firme intención de combatir por la vía del recurso de inscontitucionalidad una ley que, a su juicio, traería consigo encarecimiento de los precios como consecuencia de los topes al precio del alquiler.
A las críticas en el ámbito nacional y regional se suman también las del Ayuntamiento de Madrid. Esta misma mañana, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha tildado de “nefasta” la Ley de Vivienda al responsabilizarla de la paralización del proyecto privado de construcción de 443 viviendas en las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos.
El objetivo, más allá del ruido mediático despertado a pocos días para las elecciones, pasa por tumbar el texto en caso de que Pedro Sánchez revalide su liderazgo al frente de La Moncloa el próximo domingo, lo que garantizaría de facto que la normativa siguiese en vigor durante, al menos, los próximos cuatro años.