No han transcurrido ni 72 horas desde que José Luis Martínez-Almeida certificara su mayoría absoluta en las elecciones locales y en su calendario ya aparecen al menos tres compromisos determinantes a menos de dos meses vista. El primero, el 17 de junio, día de la investidura. Una jornada simbólica que lleva aparejada resolver el rompecabezas que supone encajar todas las piezas del nuevo Gobierno municipal en solitario, ediles enviados por Isabel Díaz Ayuso incluidos. El segundo, el 23 de julio, en una nueva cita con las urnas. Asentado como baluarte del Partido Popular tras imponerse de forma rotunda a la izquierda el 28-M, no extrañará si Alberto Núñez Feijóo lo recluta para acompañarlo en una campaña electoral en la que Madrid tiene mucho que decir frente al 'sanchismo'. La tercera fecha clave, el 25 de julio, primer pleno del mandato, donde el regidor estrenará su absoluta independencia y autoridad para hacer y deshacer proyectos y ordenanzas. Ya ha avanzado, de hecho, su intención de aprobar ese martes la modificación de las normas urbanísticas bloqueadas por la oposición esta legislatura.
Martínez-Almeida tomará posesión del revalidado cargo de alcalde el sábado 17 de junio por la mañana y la primera medida que abordará el nuevo Ejecutivo se corresponde con su ordenación interna. Tal como apuntó este martes en la Cadena Ser, esa misma tarde "se aprobarán los decretos de estructura de areas de Gobierno y de concejalías de distrito para que el Ayuntamiento y la maquinaria puedan seguir funcionando sin interrupción". Solventado el trámite, se focalizarán en llegar a tiempo para que en el pleno de julio se pueda dar luz verde a la actualización del obsoleto Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. El área de Desarrollo Urbano, liderada por un Ciudadanos ya extinto en Cibeles, ha dejado como último legado una normativa renovada y preparada para aprobarse que introduce reglas en temas tan sensibles para los vecinos como las viviendas turísticas, las cocinas industriales o los locales de apuestas.
Vox se alineó con Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto en diciembre de 2022 para tumbar este expediente. Su portavoz se ofreció el pasado mes de febrero a negociar ciertas cláusulas, pero el resultado fue infructuoso. Javier Ortega Smith aprovechó el encuentro para intentar encauzar por adelantado un gobierno en coalición, un movimiento que el primer edil interpretó como una "trampa". Sin socios para aprobar el texto, su ejecutor, el delegado Mariano Fuentes, advirtió del riesgo de no aprobarlo con celeridad: un Consistorio con las manos atadas para impedir la concesión de licencias de actividad a cocinas fantasma cuando en agosto decaiga la moratoria vigente. La mayoría absoluta de los 'populares' puede salvar la papeleta, aunque con los tiempos muy ajustados.
El sucesor de Fuentes asumirá después el encargo de trazar un nuevo PGOU que "responda a los nuevos retos de la ciudad y que agilice el urbanismo" para que la capital pueda crecer con mayor facilidad en entornos como el del Arroyo Abroñigal, donde se proyecta Madrid Nuevo Sur. El PP anunció la redacción del nuevo Plan General como un asunto estratégico del mandato por comenzar y así figura en su programa electoral. Sin embargo, la complejidad de esta empresa se extenderá, con toda probabilidad, más allá de 2027. No por algo lleva 26 años sin sustituirse.
En sus primeras entrevistas tras la reelección, el ahora alcalde en funciones ha reiterado que en los primeros meses del mandato también otorgará preferencia a la articulación de nuevas políticas de vivienda. "Dije que sería una prioridad estratégica y a lo largo de estos días voy a decidir la estructura de Vivienda en el Ayuntamiento", apuntó ayer en Onda Madrid. En sintonía con la presidenta regional, que se opondrá a aplicar la Ley de Vivienda aprobada la semana pasada en el Congreso, Almeida rechaza topar los alquileres y sus medidas para mitigar los precios desorbitados en la capital van en la línea de construir más vivienda pública asequible. Hasta 12.000 se ha comprometido a crear en los próximos cuatro años, la mitad de ellas destinadas a jovenes.
Pese a dibujar un escenario catastrofista si el Consistorio no aprobaba los Presupuestos de 2023, como al final sucedería al verse sin aliados, José Luis Martínez-Almeida no concede máxima priodidad a sacar adelante las cuentas. "Habrá que hablar con la delegada de Hacienda para ver cuál es la decisión más favorable: si aprobarlos de manera inmediata o, por el contrario, preparar ya bien los del año que viene", manifestó este martes en la radio pública madrileña. Fuentes de su equipo inciden en que la concejala Engracia Hidalgo deberá analizar la conveniencia. "Es una decisión que está pendiente en estos momentos", ha reconocido el alcalde.
El Gobierno municipal denunció hasta la saciedad la "irresponsabilidad" demostrada por la oposición al no apoyar las cuentas de 2023 y forzar una prórroga presupuestaria que "somete a la Administración a una presión desesperante". Al Ejecutivo le preocupaba la dilatación de tiempos y que les penalizara en la recepción de fondos europeos Next Generation con los que pretendían sufragar 70 proyectos por valor de 200 millones de euros. Además, trabajan sobre un crédito mermado de unos 5.540 millones de euros, 162 millones menos de los previstos para este año. Un montante al que deben restar el importe de construcciones o programas que concluyeran en 2022, como los 25 millones presupuestados el ejercicio anterior para rematar la reforma del Nudo Norte. Todo un encaje de bolillos si además se tiene en cuenta que el Ayuntamiento debe afrontar este curso el pago de 159 millones extra en nóminas del personal municipal.
No obstante, la mayoría absoluta que le han conferido los madrileños en las urnas les permite mayor capacidad para maniobrar. Ya no necesitan de otras fuerzas políticas para aprobar los suplementos de crédito que necesiten en determinadas concejalías. Sin embargo, renunciar a los Presupuestos y continuar con la prórroga hasta diciembre supone que no podrá cumplir con la rebaja fiscal prometida hasta enero de 2024. Así, la bajada al tipo mínimo legal del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) no se entraría en vigor hasta el 1 de enero del año que viene.
En paralelo, la actividad en el Ayuntamiento no se detiene ni en el periodo en funciones y en esta transición el Gobierno de Almeida está enfrentando la primera protesta postelectoral: la de los vecinos de Sanchinarro por la puesta en marcha de la primera línea del Bus Rapid, que conecta este barrio, Valdebebas y Las Tablas con el hospital Ramón y Cajal circulando a una velocidad similar a la del Metro. Un grupo de residentes en la zona donde opera se concentró este martes para alertar de las "consecuencias negativas" que comporta este nuevo medio de transporte que ha obligado a reducir carriles y plazas de aparcamiento. Temen que "incremente los habituales atascos" y, con ello, la contaminación atmosférica y acústica.
En paralelo, Cibeles mantiene otros frentes abiertos que quedaron en standby durante la campaña electoral, como la reubicación de los polémicos cantones de limpieza o la solución definitiva a los afectados por el Plan 18.000 tras aprobar en el último pleno de la legislatura una salida parcial. Trabajo no le faltará al nuevo Ejecutivo.