Tal y como avanzó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado lunes, a Comunidad de Madrid ha propuesto al resto de autonomías la firma de acuerdos de colaboración para que los estudiantes puedan acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) y a los abonos subvencionados del sistema madrileño aunque no estén empadronados en la región.
La iniciativa ha sido ya de hecho trasladada por el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, a través de una carta remitida a todas las comunidades y ciudades autónomas.
Desde el 15 de junio, la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal ha quedado restringida a las personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y en determinadas localidades limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Este requisito afecta a la tarjeta que sirve de soporte para los distintos títulos personales de transporte.
Ante esta situación, el CRTM plantea la posibilidad de suscribir convenios bilaterales que permitan a estudiantes y universitarios residentes en otras regiones acceder a los abonos madrileños en condiciones similares a las de los usuarios empadronados, beneficiándose así de las tarifas bonificadas.
La propuesta toma como referencia el acuerdo que ya mantiene la Comunidad de Madrid con Castilla-La Mancha, destinado a facilitar el uso del transporte público madrileño a quienes se desplazan con frecuencia a la región por motivos académicos, laborales o familiares.
En la carta, Rodríguez Sardinero defiende que estos acuerdos deben sustentarse en un modelo de cooperación institucional y corresponsabilidad financiera entre administraciones. Además, plantea como objetivo prioritario garantizar que los jóvenes puedan acceder al abono transporte en condiciones equiparables a las existentes para los residentes madrileños.
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han precisado que la Comunidad también ha ofrecido a las autonomías interesadas un borrador de convenio que recoge los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para formalizar estos acuerdos.
Cuestionado al respecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha devuelto la pelota a las regiones interesadas en participar del convenio a la hora de materializar los acuerdos bilaterales, como los plazos para su puesta en marcha o los usuarios que resultarán finalmente beneficiados.
"Las comunicaciones salieron ayer mismo y alguna comunidad ha mostrado ya interés, pero es prematuro establecer las condiciones... Dependerá de la agilidad que quiera tener cada comunidad, porque -el futuro convenio- exige que sea ratificado por ambos parlamentos autonómicos y luego remitirse, a efectos de comunicación, al Congreso de los Diputados", ha explicado en torno al calendario previsto para su puesta en marcha.
Y respecto a los potenciales beneficiarios, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha asegurado que "estarán fijados en los convenios en función de los intereses y lo que nos pida cada comunidad".
Mientras los convenios para estudiantes y trabajadores continúan en el aire, Más Madrid insiste en la crítica hacia una medida, o "parche", que responde, simple y llanamente, a "un problema que ellos mismos -la Comunidad- han creado" y que "sigue dejan sin abono a las personas migrantes".
"Lo único que querían era dejar sin abono a las personas migrantes"
"Ayuso está intentando solucionar un problema que ellos mismos han creado, haber dejado sin abono a miles de estudiantes cuando lo único que querían era dejar sin abono a las personas migrantes que no se pueden empadronar porque ellos mismos se lo están poniendo imposible", ha aseverado la portavoz de la formación progresista, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a Madridiario.
Y, a renglón seguido, sentenciaba contundente: "Es un parche para tapar una chapuza, pero sobre todo una declaración de intenciones: lo único que mueve el cambio en las reglas para sacarse el abono de transportes es el racismo y la xenofobia".