La Comunidad de Madrid ha propuesto al resto de autonomías la firma de acuerdos de colaboración para que los estudiantes puedan acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) y a los abonos subvencionados del sistema madrileño aunque no estén empadronados en la región.
La iniciativa ha sido trasladada por el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, a través de una carta remitida a todas las comunidades y ciudades autónomas. La propuesta llega después del anuncio realizado el pasado lunes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Desde el 15 de junio, la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal ha quedado restringida a las personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y en determinadas localidades limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Este requisito afecta a la tarjeta que sirve de soporte para los distintos títulos personales de transporte.
Ante esta situación, el CRTM plantea la posibilidad de suscribir convenios bilaterales que permitan a estudiantes y universitarios residentes en otras regiones acceder a los abonos madrileños en condiciones similares a las de los usuarios empadronados, beneficiándose así de las tarifas bonificadas.
La propuesta toma como referencia el acuerdo que ya mantiene la Comunidad de Madrid con Castilla-La Mancha, destinado a facilitar el uso del transporte público madrileño a quienes se desplazan con frecuencia a la región por motivos académicos, laborales o familiares.
En la carta, Rodríguez Sardinero defiende que estos acuerdos deben sustentarse en un modelo de cooperación institucional y corresponsabilidad financiera entre administraciones. Además, plantea como objetivo prioritario garantizar que los jóvenes puedan acceder al abono transporte en condiciones equiparables a las existentes para los residentes madrileños.
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han precisado que la Comunidad también ha ofrecido a las autonomías interesadas un borrador de convenio que recoge los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para formalizar estos acuerdos.