La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para crear el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), después de la medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligaba al Ejecutivo regional a poner en marcha el procedimiento.
El Gobierno autonómico ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad para la creación del registro, abriendo así un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones.
La decisión responde al auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que atendió la petición del Ministerio de Sanidad ante la “inactividad administrativa” de la Comunidad en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que obliga a las autonomías a disponer de un registro de profesionales sanitarios objetores.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó además en diciembre de 2024 un protocolo para implantar este registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo adoptado por unanimidad.
Desde el Ejecutivo madrileño, la presidenta Isabel Díaz Ayuso siempre ha rechazado crear el registro para “señalar” a los profesionales sanitarios. “Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo”, ha afirmado en varias ocasiones.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado el paso dado por Madrid y ha asegurado que la región dejará de ser “la excepción”. “Ganamos. Del ‘váyanse a otro lado a abortar’ a iniciar los trámites para cumplir la ley”, ha escrito en la red social X.
García ha recordado que para llegar a este punto “han tenido que pasar meses, un recurso judicial y un auto del TSJM” y ha subrayado que el inicio del procedimiento permitirá que la Comunidad de Madrid “empiece a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública”.