El pleno del mes de marzo, adelantado una semana con motivo de la Semana Santa, a pesar de ello no iba a ser una sesión light en el Ayuntamiento de Madrid. Al contrario, la corporación municipal ha afrontado una de las decisiones de mayor calado en materia de movilidad con la aprobación de la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, una normativa que llega tras el revés judicial que anuló parte del texto aprobado en 2021.
El equipo de Gobierno del Partido Popular preveía un pleno relativamente tranquilo, con este asunto como eje central del debate político, pero el escenario cambió en las horas previas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la tasa de basuras.
En ese contexto polémico por un tributo que la izquierda ha calificado de "injusto e ilegal", el Gobierno municipal ha aprobado en solitario la nueva ordenanza de movilidad gracias a su mayoría absoluta, ya que todos los grupos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) han votado en contra del texto.
La normativa incorpora cambios relevantes en el modelo de movilidad de la ciudad, entre ellos la ampliación de las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la consolidación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) existentes y, como principal novedad política y técnica, la autorización temporal para que puedan circular por la capital los vehículos sin etiqueta ambiental (clasificación A) empadronados en Madrid o que paguen el impuesto municipal de circulación en la ciudad. La aprobación llega además tras un proceso largo de tramitación en el que se han registrado 110 alegaciones, dos enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid y Vox y varias enmiendas parciales del PSOE, algunas de las cuales sí han sido incorporadas al texto final.
Durante el debate en el pleno, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió el modelo del Ejecutivo municipal, asegurando que Madrid ha pasado en los últimos años de ser una de las capitales europeas con más problemas de contaminación a cumplir con la directiva europea de calidad del aire. Según explicó, la nueva ordenanza pretende consolidar ese camino sin imponer más restricciones a los ciudadanos en un momento en el que los datos de emisiones han mejorado de forma notable. En ese sentido, el delegado insistió en que los madrileños ya han realizado esfuerzos importantes en los últimos años y defendió que, mientras los indicadores de calidad del aire sigan en niveles favorables, el Ayuntamiento puede permitir de forma transitoria la circulación de los vehículos más antiguos sin comprometer los objetivos ambientales de la ciudad.
Uno de los elementos centrales de la nueva normativa es la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado, que crecerá con decenas de miles de nuevas plazas y llegará a más barrios y distritos en los próximos años. El Ayuntamiento plantea esta expansión no solo como una herramienta para ordenar el tráfico y equilibrar la oferta y la demanda de aparcamiento, sino también como un mecanismo de protección para los residentes en zonas donde la presión de visitantes y actividad económica hace especialmente difícil encontrar estacionamiento.
La ordenanza introduce además una novedad relevante en la gestión del SER, ya que permitirá ampliar horarios y días de aplicación en aquellas áreas donde exista una demanda elevada en determinados momentos. De este modo, el parquímetro podrá extenderse más allá de las 21.00 horas entre semana, desde las 15.00 horas los sábados e incluso aplicarse en domingos y festivos cuando se considere necesario por situaciones de saturación.
La extensión del SER a nuevos barrios se realizará de manera gradual y siempre condicionada a la consulta a vecinos y asociaciones y al acuerdo favorable de las juntas de distrito correspondientes. En este proceso, el Gobierno municipal ha introducido una modificación específica para que el sistema no se implante finalmente en el distrito de Moratalaz, después de que desde la propia junta y desde el vecindario se solicitara su exclusión. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, explicó en los días previos que la decisión responde precisamente a esas consultas y a la petición expresa de los representantes del distrito, que consideraban que la zona no necesitaba en este momento incorporarse al estacionamiento regulado. Una idea que también ha sostenido durante el pleno el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante.
Otro de los puntos clave de la ordenanza es la autorización temporal para la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental, una medida que ha centrado buena parte del debate político. El texto establece que los vehículos con clasificación ambiental A empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en la capital podrán seguir circulando por el término municipal y estacionar en el SER del barrio que les corresponda, pero siempre de forma condicionada al cumplimiento de los límites de dióxido de nitrógeno establecidos por la normativa europea.
En caso de que cualquiera de las 24 estaciones de medición de la red de calidad del aire de Madrid supere esos valores límite, el periodo transitorio de autorización quedaría automáticamente extinguido. El Ayuntamiento justifica la medida en el reducido peso de este tipo de vehículos en el tráfico total (apenas algo más del uno por ciento) y en la evolución positiva de los datos de contaminación registrados en los últimos años.
La ordenanza incorpora además otros cambios en el modelo de movilidad, como la eliminación del límite que restringía el sistema de bicicleta pública bicimad a las vías del término municipal de Madrid, lo que permitirá extender el servicio a municipios limítrofes. El primero en adoptar este modelo será Pozuelo de Alarcón, que estrenará estaciones y bicicletas dentro de un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital, en una iniciativa con la que el Consistorio pretende reforzar la movilidad sostenible más allá de los límites administrativos de la ciudad.
Bicimad llegará a los municipios limítrofes
Pese a la aprobación definitiva, el texto ha recibido duras críticas por parte de todos los grupos de la oposición durante el debate en el pleno. Desde Vox, el concejal Ignacio Ansaldo aseguró que la norma "nace viciada de nulidad radical" y advirtió de que su aprobación podría "conducir a un nuevo escenario de litigios judiciales", al considerar que reproduce elementos de la ordenanza anterior que ya fueron cuestionados por los tribunales. Además, criticó que las restricciones de tráfico basadas en los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico "penalizan a las rentas más bajas" y a colectivos que, según afirmó, no tienen capacidad económica para renovar sus vehículos.
El PSOE acusó al Gobierno municipal de actuar con "muy mala conciencia" y de introducir cambios mediante "triquiñuelas" para permitir la circulación de vehículos contaminantes. "Han acabado utilizando una enmienda para aprobar lo que de verdad querían hacer desde el principio", reprocharon los socialistas, que aun así lograron incorporar algunas enmiendas parciales al texto.
Entre ellas, se encuentra la ampliación de los supuestos de acceso a determinadas zonas restringidas para incluir al alumnado de educación especial cuando sea necesario dejar o recoger a estos estudiantes, así como la incorporación de vehículos destinados al transporte colectivo de personas con discapacidad en determinadas áreas con limitaciones de tráfico. Los socialistas acusaron al Gobierno municipal de haber introducido cambios de última hora mediante una autoenmienda para permitir la circulación de vehículos contaminantes y criticaron que, a su juicio, el Ejecutivo local no prioriza la salud pública ni la movilidad sostenible.
Desde Más Madrid, por su parte, la concejala Esther Gómez centró sus críticas precisamente en esa apertura a los vehículos sin etiqueta ambiental y acusó al Partido Popular de acercarse a las posiciones de Vox en materia de movilidad y medio ambiente, al tomar una decisión "a sabiendas que va a afectar a la salud de los madrileños". La formación consideró que la nueva ordenanza supone una oportunidad perdida para reforzar medidas estructurales de reducción de la contaminación y advirtió de que, según diversos informes, la ciudad todavía tiene retos pendientes para cumplir plenamente con los objetivos europeos de calidad del aire.
En otro orden de cosas, el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, a trabajar junto al Gobierno municipal para impulsar Madrid Nuevo Sur y garantizar que el desarrollo del Abroñigal sea un ejemplo de "transformación urbana".
La proposición se aprueba con el voto a favor de PP y Vox, la abstención de Más Madrid y el rechazo del PSOE. Su objetivo es activar el desarrollo de un terreno de 320.000 metros cuadrados propiedad de Adif en el sur de la ciudad.
El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha explicado que esta intervención supondrá una "transformación urbana" que generará oportunidades de vivienda y actividad económica. Carabante describe la zona como "una quiebra, una brecha urbana en la ciudad de Madrid" y asegura que se convertirá en un espacio "más amigable, más sostenible y más saludable", con cientos de miles de metros cuadrados de zonas verdes y nuevos equipamientos, especialmente en el distrito de Vallecas.
Desde el PSOE, el concejal Ignacio Benito ha criticado al PP por tardar 30 años "en darse cuenta" de la necesidad de impulsar el sur de la ciudad. "Coincidimos en que el suelo de Abroñigal es estratégico para la ciudad de Madrid, que es estratégico para el futuro de Madrid y tiene un futuro muy bueno. Y que de verdad es una oportunidad única de plantear una operación de reequilibrio, pero pasan las vías del tren que no se pueden eliminar por motivos obvios, tampoco soterrar porque las pendientes son pronunciadas hacia Atocha", explica. Pese a sus críticas, Benito se muestra satisfecho de que sea el Gobierno de España quien "vaya a desarrollar" este proyecto.
Abroñigal, punto "estratégico para el futuro de Madrid"
Por su parte, concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, también apunta a los mismos "problemas" señalados por el PSOE y critica lo que considera "una versión ampliada" del modelo de grandes desarrollos del PP. "El mismo esquema que ha generado precios impagables de la vivienda, dificultades de acceso a la vivienda y barrios sin servicios suficientes. Y nos anuncian 160.000 viviendas nuevas, que no son tan nuevas, porque ya son de los desarrollos del sureste, las que ya se están levantando", ha manifestado Nieto.
Desde Vox, Ignacio Ansaldo ha asegurado que se trata de un proyecto que aún está en "pañales", aunque lo ve como una oportunidad para solventar una de las grandes necesidades de la ciudad: la vivienda. Ansaldo añade que estos terrenos ocupan una localización estratégica, donde se generará una "fuerte actividad económica".
Las obras del cantón de Montecarmelo, no pararán
El cantón de Montecarmelo también se coló al debate del pleno de Cibeles con una proposición del PSOE que solicitaba la paralización de las obras del cantón de limpieza y la base de Selur. Sin embargo, la iniciativa no ha prosperado con el voto en contra del Partido Popular. Para defender la instalación, José Antonio Martínez-Páramo, delegado de Limpieza, adelanta algunos detalles del proyecto, asegurando que el barrio contará con un nuevo espacio verde con 1.600 árboles que rodearán la infraestructura.
Y como sucedió en el pleno del mes de febrero, la división interna del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento se ha reflejado en la forma de votar cada proposición. De nuevo, sus concejales han optado por votar de forma individual cada iniciativa, evidenciando que la formación sigue marcada por las mismas tensiones que ya se apreciaron el mes pasado. La crisis interna que atraviesa Vox, con la expulsión del partido de quien sigue ejerciendo como portavoz en Cibeles, Javier Ortega Smith (aunque él mantiene su cargo mientras recurre su expulsión) pone de manifiesto la fractura dentro de la organización y la persistencia de discrepancias sobre su liderazgo y estrategia política.
De hecho, esta división se hace evidente en una de las votaciones, en la que los miembros del grupo municipal registran votos distintos. Javier Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo votan en contra de solicitar la reforma de la Ley Trans para evitar "el borrado de las mujeres»" centrada en modificar sustancialmente los artículos 43 y 44, poniendo fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos y restableciendo garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica, al considerar que "dejaba de lado a los hombres", mientras que el resto de Vox se abstiene. Pese a ello, la enmienda salió adelante únicamente con el voto a favor del PP.