La Comunidad de Madrid ha presentado esta semana el anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una nueva normativa urbanística con la que el Ejecutivo autonómico pretende transformar el modelo vigente desde comienzos de los años 2000, al considerarlo desfasado respecto a la realidad actual.
La propuesta, que se encuentra en fase de tramitación, busca sustituir un sistema que, según el Gobierno regional, puede demorar más de una década la aprobación de desarrollos urbanísticos. Así lo defendió el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, durante la última comisión del área celebrada en la Asamblea de Madrid.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que resulta imprescindible adaptar la normativa a una región en expansión, donde el contexto "no tiene nada que ver" entre el momento en que se diseña un planeamiento urbano y su ejecución. La reforma plantea acelerar y simplificar el crecimiento urbano mediante la unificación de procedimientos y la eliminación de duplicidades administrativas.
Entre las principales novedades figura la introducción de instrumentos más ágiles, como los planes ejecutivos, que permitirán concentrar en un único proceso fases que actualmente se tramitan por separado. A ello se suma la homogenización de los plazos de los informes sectoriales, considerados uno de los principales cuellos de botella del sistema.
Otro de los ejes de la futura ley será la reorganización del suelo. El anteproyecto propone una clasificación más sencilla en tres grandes categorías: suelo urbano, suelo rural protegido y suelo rural no protegido; con el objetivo de evitar que grandes bolsas de terreno queden paralizadas durante años.
Asimismo, la norma apuesta por dotar de mayor flexibilidad a los usos del suelo para facilitar su adaptación a nuevas demandas económicas y sociales sin necesidad de modificar constantemente el planeamiento general.
La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento demográfico en la región, que se aproxima a los siete millones de habitantes, y de presión sobre el mercado de la vivienda. En este escenario, el Gobierno autonómico pretende agilizar trámites y activar suelo para incrementar la oferta y dar respuesta a la demanda.
El texto incluye también medidas para la regeneración de barrios degradados mediante actuaciones de mayor alcance, la regularización de urbanizaciones en situación irregular y la adaptación de la normativa a la realidad de los municipios más pequeños, con herramientas específicas para facilitar su desarrollo.
El anteproyecto refuerza además la colaboración público-privada en la gestión urbanística y persigue, según el Ejecutivo, mejorar la seguridad jurídica en un ámbito marcado por la complejidad normativa y la judicialización. En este sentido, el viceconsejero subrayó que uno de los objetivos es "evitar la especulación y la protección del suelo como un bien finito".
Más allá de los aspectos técnicos, el Gobierno regional concibe la ley como una herramienta para planificar el crecimiento a largo plazo, con una visión "integral" del territorio que integre infraestructuras, medio ambiente y desarrollo urbano de forma "transversal".
En esta línea, Rafael García defendió que el crecimiento urbano no es incompatible con la protección ambiental, y aseguró que el modelo que persigue la Comunidad pasa por mantener un "equilibrio" entre ambos elementos, en una región donde más del 50% del territorio cuenta con algún tipo de protección.