Acción-reacción. De nuevo, a medio camino entre la política y la Justicia. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictara, a petición del Ministerio de Sanidad, la medida cautelar que obliga a la Comunidad a iniciar los trámites para la creación de un registro de médicos objetores de conciencia, el Ejecutivo regional, por medio de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado ya su firme oposición, vía recurso, que actualmente se encuentran ya estudiando sus servicios jurídicos.
"En la Comunidad de Madrid reconocemos el derecho de todos y cada uno de los médicos a la objeción de conciencia, pero también estamos prestando el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres que lo solicitan", ha argumentado el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local para, a renglón seguido, tildar a Mónica García de "la peor ministra de Sanidad de la historia" fruto de su "demagogia".
En paralelo, García Martín ha puesto de manifiesto que la decisión del tribunal no implica necesariamente la creación del listado de la discordia. Y es que "todavía no ha habido un pronunciamiento expreso", ya sea a favor o en contra de ninguna de las dos posiciones. Por ende, aún no habría, al menos a sus ojos, una decisión definitiva sobre el "fondo" del asunto.
"No dejemos que la ministra con sus mentiras pueda hacer pensar a los ciudadanos que en Madrid no se garantiza el servicio de interrupción voluntaria del embarazo"
"No dejemos que la ministra con sus mentiras pueda hacer pensar a los ciudadanos que en Madrid no se garantiza ese servicio de interrupción voluntaria del embarazo y los supuestos que están establecidos en la propia ley", ha insistido a continuación.
La presente resolución judicial, adoptada a raíz de un recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado, señala que aunque "la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro", sí obliga a iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023, que modifica la normativa sobre salud sexual y reproductiva.
Tal registro, exponen fuentes del propio Gobierno central, tiene carácter organizativo y busca garantizar tanto el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios como el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por su parte, los socialistas madrileños han exigido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que abandone su "insumisión", "cumpla la ley" y elabore el registro. "Lo que está en juego son los derechos de las mujeres madrileñas. No se van a ir a abortar a otro lado porque ella quiera. Tiene que cumplir la ley. Tiene que dejar de declararse insumisa ante todas las leyes que no le gustan", ha aseverado al respecto la portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Mar Espinar.