El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha advertido este viernes de que el Ayuntamiento permanecerá “vigilante” ante la reapertura de la Línea 7B de Metro, prevista para este sábado, y ha reclamado que el servicio vuelva a funcionar “con las máximas garantías”. No obstante, ha insistido en que la prioridad para la Comunidad de Madrid debe ser resolver la situación de las familias afectadas por los daños estructurales vinculados a las obras de la infraestructura.
“Hay familias que están a la espera de soluciones y de respuestas”, ha subrayado Corpa. El regidor ha recordado que algunos vecinos han tenido que acudir a la vía judicial para obtener indemnizaciones adecuadas, mientras que otros aún no han sido compensados a pesar de que sus viviendas ya han sido demolidas. Además, ha alertado de que centenares de casas siguen pendientes de evaluación y necesitan certezas sobre su futuro.
El alcalde socialista ha reiterado que el Gobierno regional debe “responder en primer lugar a quienes están padeciendo este drama”, asegurando que el Ayuntamiento continuará trabajando “hasta que se dé una solución a la última familia afectada”.
Según los datos actualizados a 31 de octubre, la Comunidad de Madrid ha abonado 11,8 millones de euros en 83 indemnizaciones patrimoniales. En total, se han tramitado casi 385 expedientes, tanto de responsabilidad patrimonial, en el caso de viviendas con daños estructurales, como de responsabilidad funcional, en aquellas en las que la reparación es viable, según ha detallado el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo, Miguel Núñez.
Hasta la fecha, 74 viviendas han sido demolidas por daños irreversibles. La Comunidad recuerda que, además de las indemnizaciones, se ha atendido a los afectados mediante desalojos, realojos, manutención, mudanzas, vigilancia de inmuebles y suministros de servicios básicos durante las obras.
En total, se han consignado 17,3 millones de euros para actuaciones en viviendas afectadas y gastos asociados a los realojos, a los que se suman 23,37 millones para indemnizaciones de responsabilidad patrimonial.
El Ayuntamiento mantiene que el número oficial de viviendas afectadas no debe cerrarse aún. Según sus datos, el censo municipal recoge cerca de 600 inmuebles, una cifra muy superior a la reconocida hasta ahora por la Comunidad. En la última reunión, el Gobierno regional se comprometió a estudiar esta revisión.
Parte de los afectados ha decidido judicializar lo que consideran indemnizaciones “ínfimas”. El pasado 2 de julio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid dio la razón a un vecino y ordenó incrementar la cuantía por los daños sufridos en su garaje, en la primera sentencia favorable por baja indemnización relacionada con la Línea 7B.
Mientras la reapertura del servicio avanza, el Ayuntamiento insiste en que la prioridad no puede ser el Metro, sino las familias. “Necesitan dignidad y respuestas”, ha concluido Corpa.