La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —inhabilitado dos años por un delito de revelación de secretos en relación con el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— ha desatado una fuerte tormenta política marcada por acusaciones de 'lawfare', advertencias sobre la independencia judicial y llamamientos a esperar la sentencia completa.
La reacción más contundente ha llegado desde Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ha denunciado “una guerra sucia judicial y política” destinada, a su juicio, a “quitarse de en medio” al fiscal general para “tapar la corrupción” de Ayuso y su pareja, Alberto González Amador. Belarra ha asegurado en TVE que el Tribunal Supremo “ha condenado a una persona inocente” y que el fallo, adelantado antes de conocerse la sentencia íntegra, busca “amedrentar” a quienes ocupen la Fiscalía General en el futuro.
La dirigente morada ha ido más allá al considerar significativa la fecha de la resolución -20 de noviembre- y al afirmar que la justicia española “no hizo la transición democrática”. En su crítica, ha incluido también al PSOE, al que acusa de haber “entregado” el CGPJ a la derecha tras el pacto de renovación del órgano. Belarra sostiene que el caso es un ejemplo evidente de 'lawfare' y que busca construir un “gran caso mediático” para distraer la atención del delito fiscal atribuido a la pareja de Ayuso.
Desde el Gobierno, las reacciones han sido más prudentes, aunque no exentas de sorpresa y malestar. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido estar “realmente sorprendido” por la condena y ha mostrado “gran curiosidad” por conocer la argumentación completa del Supremo, que aún no ha sido publicada. Planas ha subrayado el respeto debido a cualquier sentencia, pero ha admitido que, tras seguir el juicio, “no se ha visto ningún elemento” que probara una revelación de secretos. También ha incidido en la división dentro del propio tribunal -cinco votos frente a dos- como muestra de la complejidad del caso.
El ministro ha evitado pronunciarse sobre si García Ortiz debe recurrir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas, recordando que es una decisión personal del fiscal general. Sí ha advertido, sin embargo, de que el debate político continuará durante “semanas y meses”.
Más directo ha sido el ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, quien considera que el fallo lanza un “mensaje demoledor”: “No te atrevas a tocar a Ayuso”. López afirma sentir “desolación e indignación” y denuncia que la condena “pone en riesgo valores democráticos” porque, a su juicio, “se ha condenado sin pruebas”. En su análisis, la sentencia responde a una operación para “desviar el foco” del caso fiscal de González Amador y construir una “victimización” en torno a Ayuso.
López ha insistido en que el Ejecutivo acatará la resolución judicial y ha descartado cualquier planteamiento de adelanto electoral vinculado a esta crisis, subrayando que la prioridad del Gobierno es “respetar la Justicia” y continuar la legislatura.