La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con la mayoría absoluta del PP, el dictamen de la comisión de investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el texto se aprecian indicios de delito, por lo que será remitido a la Fiscalía y a los juzgados.
Con esta votación en Pleno concluye la denominada comisión Begoña, que fue registrada por el PP en la víspera de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. Desde su inicio, el 13 de noviembre, cuando compareció la propia Gómez, y hasta febrero de 2025, han intervenido un total de 17 comparecientes. Aunque fue citado, Pedro Sánchez no asistió.
El dictamen, impulsado por el PP y aprobado en comisión con el respaldo de Vox, sostiene que podría haberse producido un desvío de fondos públicos de la Presidencia del Gobierno hacia "destinos distintos de los originales", con la participación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, quien habría estado implicada en "tareas académicas propias de la universidad". También se pide investigar la plataforma tecnológica de medición de impacto, conocida como el software de la cátedra.
El PP ya había adelantado en febrero que su dictamen incluiría "posibles indicios o posibles delitos" detectados, los cuales se pondrían en conocimiento de la Fiscalía y los juzgados.
Tras la aprobación del dictamen en Pleno, fuentes parlamentarias han indicado que este se publicará en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. La Mesa de la Cámara decidirá si se remite a la Fiscalía y a los juzgados, algo que el PP, con mayoría absoluta, ya ha anunciado que ocurrirá.
En el texto aprobado, el PP sostiene que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue creada de manera "anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de La Moncloa", al margen de los cauces reglamentarios de la UCM.
"Todo apunta a que se trató de una operación diseñada ad hoc para colocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica", ha recogido el dictamen.
Se argumenta que hubo una "cadena de decisiones políticas y administrativas fuera de lo común" para hacer posible la creación de la cátedra. Además, se afirma que su nombramiento como directora vulneró la normativa interna de la UCM.
"Ningún otro director de las 54 cátedras extraordinarias de la UCM tenía un perfil similar. Peor aún, se intentó ocultar su falta de titulación y su currículo contenía afirmaciones dudosas, como su supuesta licenciatura en marketing", ha añadido el documento.
El Grupo Parlamentario Popular considera que Gómez ha actuado "en solitario como directora de la cátedra sin codirector que compensara su falta de requisitos", con el objetivo de que figurara como única directora, “sin importar la legalidad ni la transparencia del proceso".
También se señala el desarrollo del software, cuya gestión han asegurado que estuvo "en manos de Begoña Gómez y su círculo más próximo". Posteriormente, se constituyó una empresa "con el mismo nombre", cuyos objetivos coinciden con los de la plataforma.
"La coincidencia de denominación, funciones y liderazgo personal apunta a una apropiación de recursos, conocimiento y reputación construidos en el ámbito público para lanzar un proyecto privado en beneficio propio. Una maniobra que pone en tela de juicio la ética pública y los límites entre lo institucional y lo personal en el entorno del Gobierno", han concluido.
También critican los másteres dirigidos por Gómez, en los que, según denuncian, se seleccionó a docentes externos "de manera arbitraria, sin criterios académicos y con propuestas directas de empresas colaboradoras como el Grupo Barrabés".
La presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant, ha defendido el dictamen en el Pleno y ha insistido en que la Asamblea ha podido comprobar que "sí existen responsabilidades" en la esposa del presidente por una cátedra creada "para un interés personal y para una figura sin cualificación que han colocado".
"Ha habido recursos públicos desviados, se han vulnerado normativas y ha habido un clamoroso silencio desde la Presidencia del Gobierno", ha afirmado. También ha destacado "la falta de transparencia y control" en este caso que afecta directamente a una universidad madrileña.
La diputada del PP Mercedes Zarzalejo ha añadido que su partido ha querido dar voz a "la indignación ciudadana" ante unos hechos "escandalosos que hoy descomponen al presidente, a su esposa y al Gobierno de España”.
Ha acusado al Ejecutivo de "desvergüenza institucional" y de haber creado "un cortijo y una red de favores" en torno a Begoña Gómez. "Hoy sabemos que esta cátedra fue diseñada efectivamente ad hoc para la mujer del presidente, creada de forma acelerada, anómala, documentada desde el Palacio de la Moncloa, con un regimiento de personas a su servicio y que llegó a la universidad con todo hecho", ha subrayado.
Desde Vox, la diputada Ana Cuarteto ha valorado el trabajo "intenso y eficaz" de su grupo en la comisión, en busca de “toda la verdad”, y ha lamentado que el PP "se ha conformado con una pequeña parte". Vox ha recurrido al Tribunal Constitucional tras rechazarse su voto particular, que según explican, pretendían ampliar el dictamen del PP.
"Lo que pasa es que el Partido Popular tiene pendiente dar una explicación de por qué quiere una comisión que solo cuente una parte de la verdad, la parte de la verdad que considera que no le perjudica, que no le obliga a asumir responsabilidades políticas sobre lo que sucede hoy en la Universidad madrileña, que no le obligue a reconocer que ha consentido la politización de la UCM y su uso por la izquierda para adoctrinar a nuestros jóvenes", ha reprochado.
PSOE y Más Madrid han sido muy críticos con esta comisión desde el principio, calificándola en varias ocasiones de “circo” y acusando al PP de un uso partidista de la institución. De hecho, han abandonado la comisión después de que se solicitara la comparecencia de Sánchez.
En el Pleno de este jueves, la diputada socialista Marta Bernardo ha sostenido que esta comisión nació "del odio político, del afán de la persecución y la desesperación de un partido político que, al no poder gobernar España, recurre a una cacería política".
Ha advertido al PP de que "no han engañado a nadie" y ha afirmado que el único objetivo ha sido "derribar al Gobierno de España", no la universidad pública. "Hoy, después de un año, casi que empezó este despropósito de comparecencias, interrogatorios, de intentar criminalizar a una mujer, ¿qué hemos visto? Absolutamente nada", ha sentenciado. Además, ha acusado al PP de ignorar la "autonomía universitaria", un derecho protegido por la Constitución.
Desde Más Madrid, Antonio Sánchez ha exigido al PP que pida disculpas a la Universidad Complutense y a su rector, Joaquín Goyache, quien ha comperecido en la primera sesión, por el “daño infinito” causado "por mor de hacer política estatal utilizando los impuestos de los madrileños".
A continuación, ha vuelto a criticar, como lo ha hecho durante toda la comisión, la falta de financiación de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid.