Los servicios jurídicos de Escuelas Católicas de Madrid (ECM) han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado día 24 de febrero, en el plazo legal habilitado para ello, el anunciado recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio de gestión de residuos urbanos del Ayuntamiento de la capital.
Esta Ordenanza, que el Consistorio ha reelaborado tras la publicación de la Ley Estatal de 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, suprime todas las herramientas hasta ahora vigentes que permitían acomodar el importe de la tasa de basura a la realidad social, económica y educativa de estos centros educativos.
Desde ECM recuerdan que la aplicación de la Ordenanza supondrá "imponer a cada colegio concertado una tasa que difícilmente descenderá de 20.000 euros por centro, es decir, cantidades desproporcionadas y gravemente injustas, que pueden hacer inviable el mantenimiento de estas escuelas sociales y sin ánimo de lucro".
Las distintas conversaciones mantenidas por los responsables de ECM con el Ayuntamiento de Madrid y con otros municipios no han dado resultado alguno, ya que, según fuentes municipales, la ley estatal de 2022 les obliga a eliminar esos beneficios fiscales para las entidades sin ánimo de lucro. La discrepancia sobre este particular es lo que ha llevado a ECM a interponer este recurso contra el Ayuntamiento de Madrid, y a preparar los correspondientes recursos contenciosos contra el resto de los municipios que sigan el mismo camino, es decir, la supresión de medidas fiscales compensatorias como reducciones, bonificaciones y otros sistemas de cálculo que no sean la superficie de los centros.
Escuelas Católicas de Madrid considera que es posible una alternativa que haga posible la viabilidad económica de los centros si se tiene en cuenta que, en este contexto, los Ayuntamientos de Leganés, Parla y Rivas no ha establecido la correspondiente tasa.