El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ha admitido a trámite el recurso de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra la concesión de la licencia municipal concedida a la empresa Parcesa para la construcción del crematorio de la M-40.
La jueza ha admitido a trámite el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid del pasado 18 de octubre que rechaza un recurso de reposición presentado contra la licencia municipal. Este procedimiento obliga al Consistorio madrileño recopilar y enviar el expediente municipal al completo en un plazo de 20 días.
Los vecinos de Villaverde y Usera interpusieron este recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la licencia de la obra para que fuera “un tribunal quien valore todos aquellos apartados que, a su juicio, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ha obviado en sus informes y resoluciones y que Fiscalía de Medio Ambiente no entró siquiera a valorar en la denuncia presentada por el grupo municipal Socialista”, que fue archivada a primeros de este mes.
Los denunciantes creen que “esta prisa y precipitación” por parte de la empresa adjudicataria del proyecto para ejecutar las obras “solo busca imponer una nueva realidad a los distritos del sur por la vía de los hechos, puesto que en el pasado han recibido numerosos reveses judiciales en lo que respecta a este crematorio”.
Por ello, han solicitado a la Justicia "un rápido pronunciamiento" y han exigido a la entidad que "cese la construcción de ese horno crematorio en mitad de los barrios".
Tras varias y “multitudinarias” manifestaciones por parte de la vecindad de Usera y Villaverde, la entrega de más de 16.000 firmas en contra del proyecto y después de agotar la vía administrativa con el Ayuntamiento de Madrid, la FRAVM y los colectivos vecinales de estos dos distritos afectados esperan que “los tribunales les den la razón” y que se cancele la licencia para evitar “una actividad tan contaminante, nociva y peligrosa para la salud física y mental”. “Recordemos que es la cuarta vez que Parcesa intenta la construcción de un crematorio en la parcela del Tanatorio de la M40, que se encuentra a menos de 250 metros de viviendas, centros educativos, zonas de trabajo y comerciales, y parques de los barrios de San Fermín y El Espinillo”, señalan.
Preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz municipal, Inma Sanz, ha trasladado que el Gobierno municipal "respeta las resoluciones judiciales", para subrayar que se trata únicamente de una admisión a trámite, como ya ocurrió en su momento con el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista.
La también vicealcaldesa ha señalado a la "fase muy inicial de ese procedimiento y que no presupone cómo va a concluir". En cuanto al fondo, Sanz ha transmitido que "lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, y además así lo han avalado los tribunales de manera muy contundente, es cumplir con la legalidad, a pesar de que ser acusados desde distintos partidos de la oposición de utilizar como escudo una supuesta resolución judicial". "Poco más podía hacer el Ayuntamiento de Madrid, le gustará o no, que otorgar esa licencia en base a esa resolución judicial. A partir de ahí estaremos a lo que puedan decir los tribunales", ha concluido.
Este mismo jueves, 23 de enero, los vecinos de Usera y Villaverde han denunciado el “inusual trasiego de camiones y vehículos de obra en la parcela del tanatorio de la M-40, coincidiendo con el lugar donde Parcesa tiene previsto construir su polémico horno crematorio.
Las asociaciones vecinales de los barrios afectados consideran que “se trata de una actuación muy osada por parte de la empresa, en tanto el procedimiento de concesión de la licencia se encuentra todavía en fase de discusión en sede judicial”, pues hace tan solo tres días, este lunes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 admitió a trámite el recurso de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
La instalación de este horno crematorio en el tanatorio de la M-40 fue rechazada en tres ocasiones: en 2002, con Álvarez del Manzano al mando; en 2015, cuando la empresa Parcesa solicitó por segunda vez la autorización; y en 2021, ya con José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid.
En el mes de agosto, el Ayuntamiento de Madrid dio la licencia urbanística a la empresa Parcesa con la crítica de la oposición y de los vecinos. El concejal del PSOE, Ignacio Benito, calificaba de “demencial” su aprobación por el “riesgo nocivo (del proyecto) que implica para el barrio”. Por su parte, el edil de Más Madrid Félix López Rey lo consideraba un “castigo” a uno de los barrios “más humildes y vulnerables de Madrid.
La licencia daba permiso a Parcesa para construir el honro en el tanatorio de la M-40 con una capacidad máxima de 1.000 cremaciones al año y funcionamiento de 24 horas.
El nueve de enero, la Fiscalía Provincial de Madrid decretaba el archivo de denuncia presentada en el mes de noviembre por la portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, contra la decisión del consistorio de conceder licencia municipal a la instalación del horno crematorio. “Se descarta radicalmente la existencia de indicios delictivos en el informe técnico favorable del Ayuntamiento de Madrid a la licencia de actividad”, señalaba la resolución judicial.
La resolución remarcaba que los pasos dados por el Ayuntamiento de Madrid en la concesión de dicha licencia se ajustaban a la normativa ambiental y que “difícilmente podían hacer otra cosa que la que hicieron”.
Frente a los argumentos planteados por el PSOE en su denuncia, la Justicia determinó que no ha existido “arbitrariedad en la actuación municipal denunciada”. Calificando de “francamente débil” el fundamento de la denuncia socialista que argumentaba que este proyecto ponía en peligro la salud de los vecinos e incumplían la ordenanza municipal. Este recurso apuntaba que el Consistorio se ha ajustado en su informe técnico en todo momento a lo establecido a la ley autonómica de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y a la resolución de la Dirección General de Transición Energética de la Comunidad de Madrid.
Tras conocer la noticia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ironizaba y agradecía a Reyes Maroto que llevará la licencia del crematorio ante la Justicia porque esta instancia judicial confirmaba que el Ayuntamiento “no podía hacer otra cosa que conceder la licencia”.
"Durante meses hemos defendido que este Ayuntamiento ha hecho lo único que podía hacer de acuerdo a la normativa y de acuerdo a las sentencias que había en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el Supremo, que era conceder esa licencia", defendía Almeida al ser preguntado por los periodistas en la presentación de las cámaras de videovigilancia instaladas en la plaza Dos de Mayo.
“Mi agradecimiento por qué Reyes Maroto tomará esa decisión (de poner la denuncia) porque ya no es el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, es la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía Provincial, la que pone en el papel que este Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que conceder esa licencia", apuntaba.
Para el regidor madrileño, la propia Reyes Maroto se había encargado de “zanjar” el debate, aunque fuera en el sentido contrario al que ella pretendía: “Los vecinos del sur de Madrid ahora saben que tanto el PSOE como Más Madrid les han engañado durante meses, sistemáticamente, les han mentido y les han ocultado la realidad”, defendía.
Almeida apuntaba que la realidad es que su Ejecutivo siempre ha manifestado que no les gustaba el crematorio, pero que tenían que cumplir las sentencias. "Nosotros desde el primer momento dijimos que no queríamos ese crematorio, que no nos gustaba. Se denegó la licencia, se aprobó un acuerdo en Pleno diciendo que no queríamos ese crematorio pero llegó la Justicia y cuando llega la justicia en un Estado de Derecho se acatan las sentencias y las resoluciones judiciales. Eso es lo que hicimos", ha enumerado.