El juicio al conductor de ambulancias Gonzalo R.I., acusado de degollar a un enfermero en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, ha comenzado este lunes con la elección de los integrantes del jurado popular, quienes se encargarán de juzgar los acontecimientos ocurridos el 6 de marzo de 2021, así como de revisar los informes previos y escuchar la declaración del acusado.
Gonzalo R. I. ha alegado que experimentó un trastorno mental transitorio debido a los celos, tras escuchar a la víctima decir que iba a continuar "violando" a su entonces pareja y a su hija menor.
"Reconozco que le corté el cuello, es una realidad difícil de aceptar. La traquea se le salió. No me considero un asesino; soy una buena persona y me arrepiento cada día de mi vida", ha afirmdo el acusado durante su testimonio en el juicio, donde ha expresado su confianza en la Justicia. "Desearía poder pedir perdón a la familia", ha añadido.
La solicitud de la fiscal es de 21 años de prisión por el delito de asesinato. Por su parte, los padres y los hijos piden una pena de 25 años de cárcel, argumentando que se presentan todas las agravantes asociadas a este crimen, tales como el ensañamiento y la alevosía.
El abogado defensor considera que los acontecimientos constituyen un delito de homicidio, argumentando una eximente completa debido a un trastorno mental transitorio. El abogado ha destacado en su informe que "se le fue la cabeza" a su cliente cuando, supuestamente, el fallecido le comunicó que iba a violar a su hija. Ha enfatizado que "esto es un trastorno mental transitorio. No es normal y eso es una eximente o una atenuante".
La fiscal ha enfatizado que Gonzalo, al ser sorprendido en la sala de descanso mientras se preparaba para comer un sándwich, mató a Sergio "de manera consciente, violenta, deliberada, y aprovechando que no se podía defender".
Las acusaciones particulares argumentan que la víctima no tuvo oportunidad de escapar y destacan el ensañamiento al apuñalarla en varias ocasiones en distintas áreas del cuerpo, incluso continuando con las agresiones cuando ya yacía sin vida en el suelo de la sala de descanso de enfermería.
A preguntas de su abogado, el acusado ha contado que conocía a la víctima desde hacía diez años y que una vez, en el hospital, una compañera le preguntó si aún estaba con su pareja.
"No comprendía la pregunta y, al decirme que había algo con Sergio, empecé a estar alerta. Observé situaciones que no eran normales y me confesó que había tenido una relación íntima con él una vez. Me aseguró que no volvería a estar con él y que solo fue un desliz. Creí que seguiría sintiendo amor por mí", ha relatado.
Ha recordado que observó "vídeos, mensajes, correos" entre su pareja y el difunto. "Para una persona normal esto es vergonzoso. Le comenté que no se metiera en mi familia. Soberbio total, me dijo que no lo dijera por el hospital", expresó.
La víctima, según parece, solicitó 15.000 euros para no difundir los vídeos de su expareja y le entregó 8.000 euros con la condición de que eliminara todas las imágenes. Después de este acuerdo, transcurrieron varios meses sin ningún problema hasta que, en febrero de 2023, Sergio demandó más dinero, estableciendo como plazo el 7 de marzo.
Durante la mañana del crimen, se produjo una discusión con su exnovia, quien decidió abandonar la casa y dirigirse al hospital. "Me puse el uniforme para poder entrar al hospital aunque no estaba de guardia. Subí con un cuchillo para intimidar a Sergio si lo encontraba. Mi intención era hablar con Carolina y resolver las cosas. Al ver a Sergio, no tenía intención de matarlo. Le pregunté dónde estaba Carolina y él respondió que iba a seguir violándola, así como también a su hija", relató.
"Reconozco que le corté el cuello, y es difícil admitirlo. No me considero un asesino. La imagen de la tráquea y del cuello permanece en mi mente. No supe manejar la situación. Soy un primo que ha vivido en una mentira. Me considero una buena persona", ha expresado entre lágrimas.
Desde el 6 de marzo de 2021, el acusado se encuentra en prisión. La Fiscalía solicita una indemnización de 940.000 euros para los familiares del fallecido en concepto de responsabilidad civil.