De prisión para represaliados por el régimen franquista, en su mayoría por motivos políticos y de orientación sexual, a solar de hasta 172.000 metros cuadrados en desuso y, por ende, también en disputa. El próximo mes de octubre se cumplirán 16 años desde que la emblemática cárcel de Carabanchel fuese derribada contra la voluntad de buena parte de la vecindad, partidaria de su conservación como reflejo de la crueldad de la dictadura. Con el paso del tiempo, muchos han sido los proyectos planteados para dotar a los terrenos de un nuevo uso. Todos ellos, sin embargo, terminaron siendo frustrados por una u otra razón. Al menos hasta el pasado mes de abril, cuando se cerraron los últimos flecos del nuevo plan urbanístico para este área del sur de la capital.
Atendiendo a las reclamaciones de vecinos y ecologistas y como paso previo a su licitación, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), órgano dependiente del Ministerio del Interior y titular de la mayoría de las parcelas, introdujo entonces importantes modificaciones al proyecto inicial. Entre ellas, la supresión de la autopista urbana, de hasta cuatro carriles, que en un primer momento iba a atravesar el parque Eugenia de Montijo, en Vista Alegre, y que pasa ahora a ser –al menos en la parte de titularidad estatal– un corredor peatonal y arbolado. En paralelo, numerosas intervenciones para dotar de mayor protección tanto a la ermita de Santa María La Antigua, el templo mudéjar con más solera de la región, como a los vestigios romanos hallados tanto en superficie como bajo tierra.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se habría comprometido a construir un centro de interpretación cultural que, a modo de memorial-museo, recupere la historia de la icónica prisión. Los últimos ajustes mantienen, eso sí, la propuesta en materia de vivienda del año 2022 y que fue aprobada por el Pleno de Cibeles un año más tarde. Esta consiste en la construcción de 638 viviendas. De ellas, 249, un 39 por ciento, serían protegidas, mientras que las 389 restantes, un 61 por ciento, accederían al mercado libre para, defienden desde el Gobierno, financiar la operación. En suma, un montante total que asciende hasta los 30 millones de euros y que corre a cargo de las arcas del Estado.
Lejos de resignarse ante los vaivenes y pese a reconocer ciertos avances fruto de “25 años de movilización vecinal”, las entidades sociales del barrio vuelven ahora a la carga con una batería de propuestas, recogidas bajo el lema 'Es suelo público, es tu derecho', que incluye nuevos equipamientos sanitarios, educativos, sociales, medioambientales, culturales y, por supuesto, memorialistas. En concreto, la propuesta de la Coordinadora Vecinal para el uso social de los Terrenos de la Cárcel de Carabanchel – Salvemos Eugenia de Montijo engloba la construcción de un hospital público de nivel II –con capacidad para 300 camas– y que sea, además, de gestión pública, un centro de día y una residencia pública para mayores bajo el modelo de gestión directa, una escuela infantil municipal, un centro de Formación Profesional (FP) y un espacio social con carácter polivalente que “fomente la participación”.
“Su uso debería priorizar atender las necesidades de la mayoría”
“El Centro Penitenciario de Carabanchel se levanta entre dos de los distritos más poblados de Madrid, Carabanchel y Latina, con medio millón de habitantes entre los dos. Desde principios de los años 90 del siglo pasado, el movimiento vecinal ha reclamado esos terrenos íntegramente para dotaciones sociales. La insuficiencia de equipamientos sociales públicos es una constante en la mayoría de los barrios de la capital. Latina y Carabanchel no son una excepción. Por ese motivo, el movimiento vecinal reclama que el suelo que ocupaba la antigua cárcel sea hoy íntegramente dedicado a reducir esa deuda social (…). El primer argumento es muy claro: se trata de suelo público y, por tanto, su uso debería priorizar atender las necesidades de la mayoría. Es nuestro derecho”, reza el comunicado remitido a Madridiario por la vecindad.
En materia de conservación, la Coordinadora, que aglutina hasta una decena de colectivos con presencia en la zona, entre los que figuran las asociaciones vecinales de Aluche y Carabanchel Alto o Ecologistas en Acción, entre muchos otros, solicita “respetar” el parque Eugenia de Montijo y acompañarlo de un centro de información y educación ambiental. De igual forma, se apuesta por preservar la vía pecuaria Vereda de Aluche y la ermita de Santa María la Antigua, dotando al espacio de un centro de interpretación sobre la historia del distrito.
Como marca la tradición, la memoria histórica continúa jugando un papel clave en la propuesta vecinal. Para muestra, la exigencia de crear un centro que recupere lo vivido por los represaliados encerrados en la antigua cárcel de Carabanchel. Este, plantean las entidades sociales, podría ubicarse en una de las parcelas disponibles o, en su defecto, aprovechar la infraestructura del actual Centro de Internamiento Extranjeros (CIE) de Aluche, contiguo a los terrenos de la prisión, una vez logrado su cierre definitivo. Esta lucha se complementa además con la petición de declarar el espacio en el que se ubicaba el centro penitenciario como 'Lugar de Memoria Democrática' en base a la ley que lleva su mismo nombre.
La edificación de 249 viviendas protegidas, propuesta recogida en la última modificación del proyecto, tampoco parece contentar a una vecindad partidaria de que toda la vivienda proyectada en estos terrenos sea “pública y de alquiler asequible”. Se trata, en definitiva, de que “todo el suelo previsto para vivienda se dedique a construir viviendas públicas en régimen de alquiler que no supere el 20 por ciento de los ingresos de la unidad familiar. Una cuestión que implicaría un acuerdo previo entre las ejecutivas central y local para que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) tomase las riendas de la operación. También resultaría necesario, añaden, “que se recupere el suelo vendido a la inmobiliaria Pryconsa”, empresa titular, junto a Siepse y el Ayuntamiento, de una parcelas -de 4.600 metros cuadrados- destinada a tal fin.
Todos los restos arqueológicos detectados en el transcurso de las obras deberían ser asimismo “escrupulosamente” preservados “para su conservación y posible exposición”. Entre ellos, defienden, “hay que incluir los que hayan podido quedar de la antigua cárcel tras su demolición, ya que esta se hizo sobre rasante y podrían estar sin destruir las celdas de castigo, la sala del garrote vil y otras dependencias”.
Conscientes de la dificultad que entraña que las administraciones tomen en consideración sus alegaciones, desde la Coordinadora Vecinal para el uso social de los Terrenos de la Cárcel de Carabanchel – Salvemos Eugenia de Montijo preparan ya un calendario de movilizaciones sectorizado a partir de las diferentes reclamaciones y que sirva como precedente a las reuniones con los distintos actores implicados. “Estas reivindicaciones son un punto de partida a debatir con quienes quieran unirse a esta lucha. El mejor programa será aquel que construyamos colectivamente”, zanjan.