La proliferación de viviendas de uso turístico, la inmensa mayoría de ellas “ilegales”, es, en palabras del propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, uno de los problemas “más graves” a los que se enfrenta la capital. Más aún a tenor de las dificultades que afrontan los jóvenes de toda la región para acceder al mercado inmobiliario. Mientras se ultima el nuevo régimen sancionador bajo la firma del Partido Popular, cuya aprobación está programada para el próximo mes de abril, diferentes grupos empresariales continúan adquiriendo bloques enteros que serán destinados, en último término, al alquiler vacacional. Para muestra, lo ocurrido en Tribulete 7, en el céntrico barrio de Lavapiés, donde, pese a la movilización ciudadana, la socimi Elix Rental Housing acaba de cerrar la adquisición del edificio al completo: hasta 52 viviendas y dos locales. Ahora, vecinos y comerciantes del inmueble temen una subida desmedida de los precios del alquiler que termine por forzar su “desahucio”.
“Lavapiés es uno de los barrios más castizos y multiculturales de Madrid. Un barrio habitado mayoritariamente por clase trabajadora y que está perdiendo buena parte de su población por la proliferación de pisos turísticos ilegales que están generando un deterioro de la convivencia en las comunidades de vecinos, la expulsión de sus residentes, las transformaciones de sus comercios de proximidad y el encarecimiento de la vivienda. La especulación inmobiliaria está expulsando a muchos vecinos de sus casas. Uno de los bloques amenazados por los fondos buitre es el mío, Tribulete 7. Somos más de 50 familias. Nos encontramos absolutamente indefensos ante este tipo de fondos”, relata el portavoz de la Asociación de Vecinos La Corrala Latina-Rastro, Antolín Sánchez.
“La especulación inmobiliaria expulsa a los vecinos”
El modus operandi del “fondo buitre” Elix, explican los afectados, es el siguiente: “Se dedican a la adquisición de bloques de un solo propietario para convertirlos en pisos de alquiler o apartamentos de lujo desahuciando a todos los vecinos que pagamos todos los meses nuestro alquiler haciéndonos, en la mayoría de los casos, la vida imposible”. Entre las prácticas encaminadas a forzar su salida del inmueble figuran las obras “infinitas” en casas vacías y zonas comunes, la subida desmedida del precio del alquiler, que ha llegado incluso a triplicar su coste original, y la ocupación de los pisos con vecinos conflictivos: “Les pagan para que molesten, hagan ruido de madrugada, destrocen paredes y suelos... Funcionan como mafias organizadas. Ya lo hemos visto en la calle Galileo o en Salvia, en Tetuán, donde montaron un narcopiso... Con ello lo que consiguen es que tanto personas mayores como jóvenes tengan que abandonar sus hogares. En algunos casos han dado la posibilidad de regresar al edificio. Eso sí, con un alquiler tres veces más caro”.
Por su parte, fuentes de la empresa Elix han querido matizar que su compromiso es el de “contribuir a la mejora de la situación de escasez de vivienda en la ciudad de Madrid mediante la adquisición de edificios muy deteriorados, con inversiones necesarias para actualizar las zonas comunes". Todo ello con el objetivo de “mejorar el parque de vivienda existente”, al margen de pisos de lujo o apartamentos turísticos: “La capital necesita inversión privada para actualizar su parque inmobiliario y mejorar las condiciones de seguridad, sostenibilidad y calidad para los inquilinos”. Asimismo aseguran que, tal y como hicieron en el bloque de Galileo 22, en Chamberí, adquirido a finales de 2023, en Tribulete “han tenido diálogo con todos los inquilinos" e incluso “han alcanzado varios acuerdos para encontrar soluciones que se adecuen a sus circunstancias, siempre dentro del marco legal". Las explicaciones, en cualquier caso, no convencen a unos vecinos que aspiran a mantener “una comunicación colectiva con todas las familias” en vez de una negociación a título particular.
"Vivimos en una angustia plena"
De poco –o nada– han servido las diversas movilizaciones convocadas por la vecindad en los últimos meses. A las protestas frente a la sede de la entidad en el marco de su junta de accionistas ha seguido una “acción musical” con conciertos en las propias viviendas y locales comerciales en riesgo. De ellas tomaron partido artistas y grupos como Rocío Sáez, Alberto San Juan, Soleá Morente, Fetén Fetén, Manel López, Celia Bsoul, El Artivista, Silvia Agüero o Masquepalabras. También un bloqueo de la vía pública cuando el pasado 17de marzo los vecinos decidieron sacar sus muebles a la calle para “convertirla en su salón”. “Si nos quieren echar a la calle, tomaremos la calle”, era el eslogan.
“Las familias de mi bloque vivimos en una angustia plena. Estamos esperando la llegada del famoso burofax en el que se nos va a comunicar el fin de nuestros contratos de alquiler. En mi edificio viven familias como Blanca y José. Llevan en el mismo piso desde 1981. Antes él lo hacía con sus padres. Ahora se encuentra con que debe dejar su hogar, donde ha construido su familia, donde ha nacido su hija, donde está viendo crecer a sus nietas... También nos podemos encontrar el caso de Nieves, una vecina de 83 años que lleva viviendo en el edificio desde el año 1955 y que tiene muchísimo miedo de tener que dejar su hogar. O por ejemplo Tomás, otro vecino que lleva aquí desde el año 1991, que también ha construido toda su vida toda su familia en el edificio y que actualmente sufre un cáncer de garganta con el que se encuentra cobrando el ingreso mínimo vital. Somos muchas familias. Familias que tienen menores con discapacidad reconocida a su cargo y familias que luchamos por trabajar día a día para poder llegar a fin de mes”, lamenta Antolín.
Para poner fin a la situación de “emergencia habitacional” que se registra en la capital, los vecinos exigen al Gobierno de la Comunidad de Madrid que abandone su actitud pasiva y “garantice el derecho a una vivienda digna, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución”. A tal fin, desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara de Entrevías instan al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la Ley de Vivienda estatal para declarar como “zona tensionada” este enclave, paralizando así los desalojos y evitando además que se reproduzcan en otros puntos del distrito Centro. El Gobierno regional, en cualquier caso, ha ratificado en numerosas ocasiones su firme intención de excluir la norma de sus políticas al considerar que intervenir el mercado inmobiliario resulta contraproducente. Por el contrario, su línea de actuación pasa por el incremento de la oferta mediante incentivos fiscales y, sobre todo, la construcción de nuevos desarrollos.
“La respuesta del Ayuntamiento es nula”
“Entendemos que el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que hay en nuestra región. El centro de Madrid está convirtiéndose en los últimos tiempos en un parque temático. Están empezando a desaparecer los pequeños comercios de toda la vida para terminar por convertirse en tiendas de souvenirs. Lavapiés es a día de hoy uno de los barrios que más turismo está recibiendo y donde más pisos turísticos ilegales hay. Pedimos que sea declarado zona tensionada porque (…) se está expulsando a los vecinos sin que la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la competencia en vivienda, haga nada. En la legislatura pasada varios grupos aprobamos en Pleno, a iniciativa del Grupo Socialista, que la Consejería de Vivienda mediara cuando se encontrase en una situación en la que un un fondo intentase comprar un bloque entero. Nos gustaría saber si han pensado en qué van a hacer desde la Consejería o si el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto algún tipo de solución para intentar evitar estas prácticas especulativas”, expone la diputada y portavoz del PSOE-M en la comisión del ramo, Cristina González.
El grupo municipal de Más Madrid, por su parte, ha propuesto a Martínez-Almeida otra alternativa: la adquisición de los inmuebles tentados por fondos “buitre” por parte del Consistorio para garantizar su vuelta al uso residencial original. La réplica a cargo del regidor, en cualquier caso, descarta de facto esta opción, abogando, en su lugar, por el incremento de las inspecciones, sanciones y órdenes de clausura. “Nos hemos dirigido varias veces al concejal del distrito Centro, Carlos Segura, pero su respuesta es nula. Nos insta a a acudir a los Servicios Sociales, pero estos pueden tardar años en responder. Creo que podrían hacer mucho más para evitar que se desahucie a familias enteras sin alternativa. Por eso vamos a organizar una marcha pacífica en protesta contra este tipo de fondos y sus prácticas mafiosas”, concluye Antolín al ser cuestionado por las negociaciones con Cibeles.