Apenas restan un par de semanas para que termine el año y la Asamblea de Vallecas, lejos de tomarse un respiro por Navidad, continúa haciendo gala de una actividad frenética. Puesto que el mes de enero, catalogado como inhábil, no traerá consigo movimiento alguno en la Cámara, la intención del Grupo Parlamentario Popular pasa por aprovechar la recta final del vigente periodo de sesiones y, pisando el acelerador, sacar adelante -por la vía de la urgencia si resulta necesario- aquellas leyes que considera prioritarias. Si el pasado jueves le llegaba el turno a dos medidas fiscales de calado, como son la deflactación del tramo autonómico del IRPF y la modificación del impuesto sobre el Patrimonio, este promete dar luz verde definitiva a una de las grandes apuestas del Ejecutivo para la presente legislatura: la Agencia Madrileña de Ciberseguridad.
Capitaneada por Miguel López-Valverde, la creación de la Consejería de Digitalización resultó ser la principal novedad en el renovado organigrama del Ejecutivo autonómico. Un área propia, definida como “la consejería de las consejerías”, para trabajar, codo con codo, con el resto de ámbitos y avanzar en cuestiones tan diversas como la Inteligencia Artificial, la digitalización de los trámites con la Administración y, por supuesto, la ciberseguridad. Este último punto vendría a materializarse de la mano de una agencia específica para incrementar la capacidad de protección, prevención, detección, recuperación y respuesta frente a los temidos -y cada vez más frecuentes- ciberataques. Tal es así que la cifra de delitos de esta índole registrados en la región entre enero y junio de 2023 asciende a 36.445, un 13,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2022.
La Agencia Madrileña de Ciberseguridad aspira así a proteger con mayor eficiencia a las “infraestructuras críticas” de ámbito público, tales como hospitales, centros de salud, estaciones de Metro o el Canal de Isabel II, entre muchos otros organismos, anticipándose a los ataques y estableciendo medidas de seguridad adicionales que permitan responder con eficacia frente a virus y robos de credenciales. Otro de sus fines será brindar apoyo, formación y confianza a las administraciones locales, con especial énfasis en las de menor tamaño, el sector privado y los propios ciudadanos, al tiempo que se convierte en nexo de unión con el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas.
Una vez consensuada -incorporación de algunas enmiendas parciales mediante- con los partidos progresistas de la oposición, Más Madrid y PSOE-M, y tras superar las trabas planteadas por Vox -los de Rocío Monasterio presentaron una enmienda a la totalidad al considerar que la ciberseguridad debe ser única y exclusivamente competencia estatal-, tan solo restaba este trámite parlamentario para hacer efectiva la norma. Enero de 2024 se consolida así como la fecha prevista para que este novedoso organismo eche, por fin, a andar.
"Aquí se cumple el reglamento rigurosamente"
El grueso del Pleno, más allá de la Agencia de Ciberseguridad, coincide con un nuevo debate en torno a tres leyes harto polémicas: medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de las instituciones y organismos, Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, popularmente conocida como Ley Trans, y Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. En esta ocasión se confrontan las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres partidos de la oposición. Como se esperaba, ninguna de ellas ha prosperado fruto de la mayoría absoluta de la que goza y hace uso frecuente el Partido Popular madrileño.
La primera de ellas, la de simplificación, bautizada en los últimos días como 'Ómnibus 2', se orienta a la modificación de hasta 15 textos de un solo plumazo. Antes deberá, no obstante, superar los recursos presentados por Más Madrid y Vox. Tanto los de Manuela Bergerot como los de Rocío Monasterio coinciden en criticar el procedimiento de urgencia elegido para la tramitación de esta proposición "por la puerta de atrás", señalando además un supuesto -y especial- celo a la hora de "controlar" entes públicos tan relevantes como son Radio Televisión Madrid -Telemadrid y Ondamadrid-, el Portal de Transparencia o la Cámara de Cuentas.
Pese a no presentar enmienda a la totalidad -lo que exige aportar un texto alternativo a la reforma legal propuesta-, el portavoz socialista, Juan Lobato, ha puesto de igual manera el foco en lo “ridículo” de tramitar tales cuestiones por la vía de urgencia. A su entender, el objetivo no es otro que "retorcer el reglamento" y acortar así los plazos fijados en él. También en los “problemas jurídicos” detectados en su articulado, lo que podría abrir la puerta a un futuro recurso ante los tribunales.
La reacción a cargo del PP no se ha hecho esperar: pretenden esquivar lo que podría considerarse una "medida contraria al control parlamentario" y, por ende, inconstitucional, mediante enmiendas parciales a su propio texto. Con especial énfasis en lo relativo al proceso de elección del director de Telemadrid. "Aquí se cumple el reglamento rigurosamente, no como ocurre en el Congreso. No queremos que la izquierda nos traiga aquí sus prácticas", ha sentenciado Carlos Díaz-Pache.
"Es una derogación por la puerta de atrás"
En cuanto a las leyes Trans y LGTBIfobia, las enmiendas a la totalidad corrieron a cargo de Más Madrid y el PSOE-M. Frente a la intención Popular de aportar “mayor seguridad jurídica” y “corregir algunos aspectos” vinculados a la “doctrina de género”, las formaciones de la izquierda sostienen que los cambios podrían suponer, “de facto”, la derogación de la misma ley “por la puerta de atrás”. Ambos líderes trasladan asimismo su preocupación por el riesgo que corre Madrid como “primera región de Europa que va a legislar para recortar derechos”, algo que "va en contra de la identidad del pueblo madrileño como capital del Orgullo". Especialmente contrariada se ha mostrado, desde la tribuna del hemiciclo, la diputada Carla Antonelli, quien no ha dudado en tildar de "malas personas" y "sinvergüenzas" a los impulsores de estas iniciativas.
Lejos de conformarse, la intención de los Populares pasa por celebrar tres sesiones plenarias más antes de que 2023 eche definitivamente el telón. Ambas concentradas en la próxima semana. En concreto, en los días 21 y 22 de diciembre, fechas clave en el calendario legislativo de la Comunidad para la aprobación definitiva de los Presupuestos 2024. En paralelo a la votación de las cuentas regionales, sobre la mesa figura la posibilidad de convocar un Pleno extraordinario para cerrar, de una vez por todas, la pretendida modificación de las leyes Trans, LGTBI y de simplificación. Ya en febrero, pistoletazo de salida al nuevo periodo de sesiones, pasarían por la Asamblea de Entrevías otras normas, como la prometida Ley de Economía Circular.
Todo ello dependerá, en cualquier caso, de lo acordado en una Junta de Portavoces, la de este viernes, a la que Vox ha anunciado ya que no acudirá. El descontento bebe de las "múltiples convocatorias y desconvocatorias" que tuvieron lugar durante toda la sesión plenaria del jueves: "Es un atropello legislativo y no vamos a colaborar con el manoseo de las instituciones que hace el Partido Popular para aprobar leyes de dudoso procedimiento legislativo, con nocturnidad y alevosía, para controlar la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid". Consideran, además, que el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, emplea la Asamblea como "marioneta del Gobierno".