Como contrapeso al supuesto intervencionismo que supone la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central, la Comunidad de Madrid aboga por facilitar el acceso, tanto para compra como para alquiler, mediante ayudas y nuevos desarrollos urbanísticos orientados a la población más joven. Prueba de ello son, sin ir más lejos, San Sebastián de los Reyes o Getafe, entre otras localizaciones contempladas en el Plan Vive. Frente a la regulación del mercado, la receta de la grúa, por medio de la colaboración público-privada, se convierte en el as bajo la manga de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para la que no ha dudado en bautizar como la “legislatura de la vivienda”. Sin embargo, dos de los principales escollos que amenazan el éxito de su hoja de ruta son la dilación de plazos y las trabas burocráticas relativas a los cambios en el uso de los espacios disponibles. La aprobación de la renovada Ley de Suelo, ya en el horno de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, vendría a solventar tales obstáculos, avanzando así hacia un régimen mucho más flexible.
El texto, aún en fase de inicio del borrador, aspira a “facilitar el desarrollo económico urbanístico de los municipios” al incentivar la puesta a disposición del suelo disponible para la construcción de vivienda, en detrimento de otras infraestructuras. A tal fin, se contempla la simplificación de procesos y plazos, así como la flexibilización en la calificación de usos. El objetivo último no es otro que alcanzar un mayor grado de autonomía por parte de los ayuntamientos, encajando sus proyecciones en el marco de la ordenación territorial, para mitigar el “déficit estructural de viviendas”. Entre otros aspectos, la ley pondría fin a la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio a la hora de modificar el uso asignado a una parcela concreta. Se trata, en definitiva, de una normativa más laxa, con directrices generales que permitirán acelerar procesos e impulsar la inversión en nuevas promociones.
“La sociedad está demandando que la Administración sea mucho más ágil y que sepa adaptarse a las necesidades y los tiempos que corren. Tenemos un problema importante de vivienda en toda España y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Para resolverlo necesitamos instrumentos legislativos que ayuden a que haya más oferta de vivienda, lo que permitirá reducir los precios. Queremos que la Administración sea un vehículo y no un freno y que los ayuntamientos, dentro de su autonomía municipal, puedan poner más suelo disponible para vivienda y otras infraestructuras críticas y muy necesarias para la región”, ha explicado el consejero del ramo, Carlos Novillo, en un desayuno informativo junto a la prensa. La tramitación de la norma, si todo sigue el guion previsto, tendrá lugar a mediados del próximo año.
El diseño de la Ley de Suelo no es la única novedad anunciada por la Consejería de Medio Ambiente en el apartado legislativo. En paralelo, el Ejecutivo Autonómico ha iniciado ya la tramitación para la aprobación del proyecto de Ley de Economía Circular. Una vez entre en vigor, el nuevo marco normativo pretende avanzar hacia el “vertido cero”, incentivando un modelo de economía verde que genere nuevas oportunidades tanto para las empresas como para los municipios.
“La nueva ley va a permitir una concepción diferente: la implicación de toda la sociedad en el reciclaje y el tratamiento de residuos. Con la Administración a la cabeza, exigiremos a las empresas el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la eficiencia en el uso de los recursos naturales y el tratamiento de residuos para poder trabajar con la Comunidad de Madrid. Nos vamos a implicar en que toda la sociedad haga un uso responsable de los recursos naturales, minimice los residuos y que, entre todos, hagamos un tratamiento ejemplar de los mismos, valorizando los recursos e incorporándolos de nuevo a la cadena de producción. Con ello vamos a conseguir potenciar la energía verde”, ha expuesto Novillo.
"Queremos replicar el modelo Loeches"
En la práctica, todo ello se traducirá en la consecución de la Estrategia de Economía Circular 2025-2032, una batería de medidas diseñada para transformar el actual modelo de depósito en los vertederos de Pinto y Colmenar Viejo hacia uno basado en el tratamiento del residuos, como ya ocurre en el Complejo de Reciclaje de Loeches: “La Comunidad participa junto a los ayuntamientos en las mancomunidades de residuos. Tenemos un modelo de éxito que es la Mancomunidad del Este, en Loeches, que queremos replicar en el noroeste y el sur para que ese impacto de los recursos y el reciclaje se optimice y nos conduzca hacia una mejor gestión y protección medioambiental”. La inversión con la que contarán las mancomunidades, administraciones competentes en la materia, será de 450 millones de euros en los próximos 20 años.
Más allá de los municipios en los que se ubican los vertederos, el Gobierno tiende la mano a los 179 consistorios de la región en otros aspectos como la renovación de las redes de alcantarillado. Tanto es así que por, medio del Plan Sanea y la empresa pública Canal de Isabel II, se adelantarán más de 500 millones para la financiación de nuevos diseños que permitan “optimizar el funcionamiento de estas redes y prevenir así inundaciones y vertidos”. Hasta la fecha se han identificado y presupuestado mejoras en más de 90 municipios.
Pese a que el balance anual de incendios -que será presentado en los próximos días- es, de acuerdo con lo expuesto por el consejero, “uno de los mejores de la década”, la Comunidad implantará, con vistas al año 2025, un sistema de videovigilancia las 24 horas del día para la detección precoz de incendios forestales. El estudio del terreno, necesario para determinar el número de cámaras térmicas y ópticas a instalar, la ubicación de las mismas y el coste total de la operación, se prolongará a lo largo de 2024 con el objetivo de que “no quede ninguna cuenca sin vigilar”. Como parte fundamental del Plan Infoma, la instalación de este sistema de videovigilancia pionero en España se complementará con un refuerzo del operativo humano activo en las épocas de riesgo medio y alto, especialmente en verano, y con un incremento en la inversión del programa de Pastoreo Preventivo de hasta 824.000 euros.
Fiel reflejo de la preocupación de la consejería de Medio Ambiente por la montaña madrileña es también la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en más de 2.500 hectáreas, extendiéndose así desde las cumbres del macizo del Guadarrama al fondo del valle del Lozoya. El primer paso, Consejo de Gobierno mediante, pasa por la adquisición de una finca privada de 453 hectáreas y “altísimo valor ecológico”, en la zona de El Paular, próxima al Centro de Visitantes de Rascafría. Entre las especies que habitan el lugar destacan el buitre negro, el lobo, el gato montés, la gineta o el águila real, entre otras. La inversión destinada a su adscripción pública supera los cuatro millones de euros.
La finca se sumará a las 2.058 hectáreas del Monte Cabeza de Hierro que ya han sido adquiridas por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, de manera que ambas parcelas integrarán la solicitud para la ampliación del parque que se debe remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aunque entre los planes de la Comunidad figura la puesta en marcha de un Centro de Conservación e Interpretación para visitantes, no será hasta después de obtener el beneplácito del Gobierno central que un grupo de expertos determine las posibilidades en cuanto al uso definitivo del espacio.
La última de las medidas avanzadas por Viciana pasa por la puesta en marcha, este mismo mes de octubre, del primer clúster agroalimentario madrileño. En la línea de los centros tecnológicos ya anunciados, la plataforma reunirá a más de un centenar de empresas e instituciones públicas vinculadas al sector. La puesta en común de sus intereses, necesidades y anhelos servirá, a juicio del consejero, para “aumentar la competitividad en todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la comercialización”, dando mayor peso al “producto Madrid de proximidad”, combatiendo la despoblación rural y avanzando en el uso de “energías renovables y el empleo de métodos de producción más sostenibles y eficientes”.
En concreto, este nuevo clúster, aglutinará al sector primario, productores, distribuidores, industria transformadora, canal Horeca (hoteles, restaurantes y cáterings), grandes y pequeños comerciantes e investigadores.