El juez Adolfo Carretero, que investiga el caso de las mascarillas, embargará los derechos hereditarios de Luis Medina si no paga la fianza impuesta de casi 900.000 euros, cuyo plazo concluirá previsiblemente este viernes aunque se podría extender, según han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas.
Como paso previo a un posible embargo, el instructor ya se ha puesto en contacto con el juez de Instrucción número 12 de Sevilla para que el Letrado de la Administración de Justicia le informe si se sigue proceso en ese juzgado sobre los bienes de la herencia de la fallecida Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, duquesa de Medinaceli y abuela de Luis Medina.
El exhorto se mandó en aras a indagar si Luis Medina es parte procesal como demandante y heredero para que, en caso afirmativo, se embarguen preventivamente los derechos hereditarios del mismo y se anote el embargo en el Registro de la Propiedad o bancos, donde la fallecida tuviese bienes inmuebles o cuentas corrientes.
Recientemente, el juez ha acordado ampliar al investigado un delito de alzamiento de bienes después de que haya realizado disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.
Únicamente se le ha podido embargar un velero matriculado en Gibraltar con un valor de 325.515 euros y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros, le requiere una fianza de 891.227,07 euros.
Si no abona la fianza, se le embargarán todos sus bienes, muebles e inmuebles, y eso sin perjuicio de que más adelante se amplíe esa cantidad en el caso de que no se logre garantizar suficientemente las responsabilidades pecuniarias del otro investigado, Alberto Luceño, dado el carácter solidario de la responsabilidad civil.
Por otro lado, el Consistorio madrileño ha solicitado al juez que instruye el caso de las mascarillas que imponga una fianza a Alberto Luceño hasta cubrir los 6 millones que obtuvo en comisiones en la operación de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
De igual modo, solicita que se lleva a cabo, con carácter subsidiario y para el supuesto de que no se preste fianza, la averiguación solicitada a través del Punto Neutro Judicial a los efectos de realizar los embargos requeridos para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
En el marco de la causa, el juez ya ha ordenado el embargo de un piso de lujo propiedad de Luceño ubicado en la localidad de Pozuelo de Alarcón.
Esta propiedad junto al dinero que le han bloqueado en sus cuentas, unos 130.000 euros, no es suficiente para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la Fiscalía.
El magistrado ha constata que los vehículos de lujo que adquirió el comisionista, que podían ser usados para hacer frente a esa responsabilidad civil, han sido vendidos recientemente.
En cuanto a la condición de perjudicado, el Ayuntamiento ha remitido un escrito al Juzgado en el que se opone al recurso de Luis Medina para que no se persone en la causa y alega que ha soportado "un perjuicio económico derivado del sobrecoste oculto sufrido en dichos contratos, lo que resulta suficiente para tener la consideración de víctima en la causa".
"Los querellados fijaron los precios de los mismos ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir; lo que supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados", se recoge en el escrito.
Del mismo modo, alega que "el Ayuntamiento de Madrid, al ser una Administración Pública, siempre tendría la consideración de ofendido por el delito, con independencia de las personas contra las que pudiera dirigirse la querella".
La Fiscalía Anticorrupción coincide con el Ayuntamiento y se ha opuesto en un escrito a retirarle la condición de perjudicado en la causa al ser "víctima" de un delito por pagar "una cantidad de dinero muy superior al valor real" de la mercancía obtenida por intermediación de Luis Medina y Alberto Luceño.
Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE en la causa ha solicitado que el juez modifique a investigada la situación procesal de la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, para que tenga "una adecuada defensa" al ser la persona que negoció con Alberto Luceño la operación de compra-venta de material sanitario objeto del procedimiento judicial.
En un escrito al juzgado, la representación legal del Grupo Municipal Soicalista y del PSOE se opone al recurso de reforma presentado por la defensa de Luis Medina contra la personación del Consistorio como acusación particular, si bien recalca que debe delimitar o que es "la institución de las personas que han podido intervenir en los hechos objeto de la investigación".