El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid solicitando información acerca de la situación de las diez menores liberadas en el marco de una operación policial contra un grupo criminal dedicado a la explotación de menores con fines sexuales y de tráfico de drogas en la región, conocida ayer.
Gabilondo quiere verificar si varias de estas menores se encuentran o han estado acogidas en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid y conocer los protocolos específicos para la detección precoz de casos de abuso, explotación o trata de menores que se aplican en los centros de protección madrileños. Además, se ha interesado por las actuaciones y medidas previstas para mejorar la atención a menores susceptibles de explotación, tanto en los centros o pisos residenciales como fuera de los mismos.
El Defensor recuerda que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia recoge expresamente la obligación de las administraciones de protección a la infancia de contar con protocolos de prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos cuando las víctimas son menores sujetas a medidas protectoras y que residan en centros de su responsabilidad.
Además, el Defensor del Pueblo va a iniciar también acciones dirigidas a la Dirección General de la Policía para interesarse por el alcance de la investigación iniciada y de las medidas adoptadas para garantizar la integridad y la seguridad de las menores.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha procedido a registrar la petición de una comparecencia de la Consejera de Familia, Concepción Dancausa, con el objetivo de dar explicaciones sobre el caso.
De este modo, la portavoz de Políticas Sociales del PSOE, Lorena Morales, ha exigido al gobierno de Díaz Ayuso medidas para proteger a las menores y detectar “si existen más casos en centros tutelados por la Comunidad de Madrid”.
Un portavoz de la Consejería de Familia, Vivienda y Políticas ha remarcado a Europa Press que ninguna de las víctimas estaba siendo tutelada por la Comunidad de Madrid antes de explotar la operación policial. Además, según el PSOE, desde que comenzó la investigación en abril de 2021 cinco de ellas residieron en dos centros de la Comunidad de Madrid y, por tanto, según la responsable socialista, "estaban y están bajo la responsabilidad de la Consejera de Familia".
Por su parte, Dancausa ha respondido a la portavoz socialista a través de las redes sociales asegurando que "dará toda la información necesaria para que los grupos de oposición entiendan que la Comunidad de Madrid protege a los menores y ayuda las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus funciones”.