Los problemas en la finca situada en Santa Engracia 129, en Chamberí, empezaron en 2009. Cuentan las crónicas que los vecinos fueron desalojados con lo puesto: a la llegada de los bomberos, tras unos fuertes crujidos, el edificio amenazaba con venirse abajo.
Aparentemente, la situación se subsanó y los residentes volvieron a sus casas. Allí siguieron sus vidas sin más sobresaltos hasta que ocho años después, en 2017, la fachada tuvo que ser apuntalada. Sin avisos previos ni explicaciones por parte del dueño del inmueble.
El 9 de marzo, una carta del Ayuntamiento emitida por la Dirección General del Control de la Edificación, dependiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, anunciaba que "a la vista del incumplimiento de la resolución de fecha 22.12.2016 [...] se han iniciado con fecha 23.02.2017 las obras de adopción de medidas de seguridad indicadas en la propuesta de ejecución subsidiaria urgente de fecha 01.02.2017".
"Nadie nos ha dicho que es seguro vivir aquí"
En la misiva se pedía a los ocupantes "facilitar la entrada a todas las viviendas para poder comprobar la situación estructural de la totalidad del edificio". El desasosiego volvía a Santa Engracia 129.
"En esa visita, los técnicos nos explican que, tras el peligro de derrumbe de 2009, estaban con los ojos encima de este edificio", cuenta J.S. a Madridiario. Él acaba de abandonar la vivienda que tenía alquilada desde 2014: "Nadie nos ha dicho que es seguro vivir aquí. No me fío. Está cada vez peor y siguen apareciendo grietas. Prefiero pagar un poco más y vivir tranquilo".
Ante el mal estado de la fachada y la falta de acción del dueño, el Ayuntamiento apuntaló la finca a principios de 2017. "Es una solución temporal hasta que se hace una obra que asegure la estructura", recuerda J.S., que por su experiencia profesional calcula que un apuntalamiento sirve de 'parche' para unos seis meses. Es el tiempo que el Gobierno local dio al propietario del inmueble para acometer las obras necesarias.
"Si hubiese algún tipo de obra, estarían haciendo algo por eliminar el riesgo de derrumbe"
"Un año y medio después, nadie ha realizado ningún tipo de obra, el edificio sigue apuntalado y cada vez va a peor". Es la "inacción" que denuncian los vecinos: "El dueño no se hace cargo de las obras de reparación". "Que no se haga nada es lo preocupante. Si hubiese algún tipo de obra, estarían haciendo algo por eliminar el riesgo de derrumbe. Pero nada...", lamenta el ya exinquilino.
"No tenemos ninguna garantía de que no pase como en 2009 y nos tengan que desalojar con lo puesto. O, peor aún, que se caiga". J.S. se ha ido por miedo. Pero también con miedo: "No tengo ganas de levantarme un día y ver que ha habido una tragedia. Soy ingeniero, y lo que menos me apetece es que, si pasa algo, caiga sobre mi conciencia no haberlo advertido". Así zanja su relato a Madridiario. Él se ha ido; el peligro persiste: los andamios que iban para seis meses llevan más de un año en un inmueble que ya amenazó con derrumbarse en 2009: "Cualquier día se viene abajo".
Crujidos, cansancio de los materiales... y la palabra "colapso"
El inmueble fue subastado a finales de 2017. Se hizo con él Dazia Capital a través de su marca promotora Darya Homes, que ya anuncia en su web su próxima promoción: 26 viviendas de lujo distribuidas en seis plantas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con terraza. "Luz y amplitud en una situación inmejorable", reza el anuncio. La subasta está pendiente de ejecución.
Quienes ahora viven allí desconocen qué futuro les espera. Mientras tanto, su día a día transcurre en una finca cuyo expediente municipal, al que ha tenido acceso Madridiario, es demoledor. Sirvan como ejemplo algunas líneas del mismo:
La amenaza de derrumbe que se saldó con el desalojo de Santa Engracia 129 en 2009 es un recuerdo que nadie quiere volver a repetir. Y mucho menos lamentar. Tras un informe y varios avisos, fuentes municipales confirman que "el Área de Desarrollo Urbano Sostenible ha emitido un decreto con fecha 8 de junio de 2018 para que se realicen obras de reparación que deberán empezar antes de que acabe este año".
El plazo de ejecución es de cuatro meses. "El propietario no recogió las notificaciones, que se envían dos veces, por lo que se publicaron por edicto en el BOE", añaden las mismas fuentes, que insisten en que "la obligación de conservación de los edificios es de los dueños" y que "el Ayuntamiento ha cumplido en plazo todo lo que tenía que hacer".