"La centralidad implica que, por ejemplo, la ciudad de Madrid, donde reside aproximadamente el 55 por ciento de los habitantes de la Comunidad, ve pasar diariamente a una cifra equivalente al 80 por ciento de la misma", detalló Bravo. "En términos absolutos, cada día entran en nuestro término municipal 1,9 millones de ciudadanos que consumen servicios sin contribuir a ellos con sus impuestos", especificó. "La solución más justa no pasa por incrementar los impuestos de nuestros ciudadanos, dado que no son quienes producen estos consumos, y, por otra parte, tampoco es legalmente posible gravar a esa población flotante con nuevos impuestos", concluyó el responsable de Hacienda.
El edil se refirió al fenómeno de la inmigración en las grandes áreas urbanas. "Su dimensión excede del estrecho marco de competencias de las entidades locales y demanda un gran esfuerzo económico para financiar las correspondientes políticas de integración y las inversiones necesarias en servicios públicos y sociales", señaló. Además, Bravo reclamó "una solución" para los gastos que realizan los municipios y que corresponden a otras administraciones públicas. "Los denominados gastos impropios o gastos de suplencia, y que alcanzan una cifra muy importante de 6.000 millones de euros", dijo.
El responsable de Hacienda del Consistorio reclamó "soluciones valientes que aborden conjuntamente, de una vez por todas, las necesidades financieras de las tres Administraciones implicadas, central, autonómica y local". Por lo que propuso, en este sentido, tres grandes líneas de reforma en el actual modelo de financiación.
En primer lugar, un nuevo sistema de financiación local que refuerce la participación municipal en las grandes figuras tributarias nacionales ya compartidas, pero en una proporción adecuada que garantice una suficiencia de recursos. "Actualmente la participación de los ayuntamientos está en torno al 2 por ciento de la parte estatal de los impuestos cedidos", indicó el concejal.
En segundo lugar, propuso modernizar los tributos locales para adaptarlos a la realidad económica y social actual, dotando a los municipios de un mayor espacio fiscal. "En el Borrador de Ley del Régimen Especial de Madrid -explicó Bravo- propusimos en el IBI la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento en función de la capacidad económica de los contribuyentes, de tal forma que, por ejemplo, pensionistas o desempleados de larga duración pudieran beneficiarse de ella".