El último Consejo de Gobierno previo al tradicional parón estival en la Comunidad de Madrid ha venido marcado por la ratificación del Ejecutivo a un buen número de acuerdos. De las mejoras retributivas para el personal sanitario a la reforma de la estación de Metro de Estadio Metropolitano, pasando por la incorporación de expresidentes tan mediáticos -y polémicos- como Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes a la Comisión Jurídica Asesora regional.
Pero, si por algo ha destacado el cónclave ha sido por la aprobación del Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región, popularmente conocida como Ley Lider. Una nueva norma que, tal y como ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, el competente en la materia, aspira a "facilitar la construcción de vivienda", la principal urgencia en la vigente legislatura, mediante la reducción tanto de la burocracia actualmente exigible como de los tiempos de tramitación urbanística, que pasarán, de los actuales 12 a solo cuatro.
Lider brindará a los ayuntamientos la posibilidad de aprobar su planificación urbanística vía Plan Estratégico Municipal en un plazo de entre cuatro y seis años. Esta fórmula, más ágil, pretende por tanto desterrar los vigentes Planes Generales de Ordenación Urbana, cuyos plazos de tramitación oscilan entre los ocho y los 12 años. Además, el planeamiento de desarrollo pasará de siete a cuatro años e incluso podrá completarse en solo uno mediante ordenanzas urbanísticas.
En paralelo, se trata de dotar de una mayor autonomía a la administración local, sobre todo en aquellos municipios de mayor envergadura, aquellos que superen los 15.000 habitantes, para que puedan sacar adelante todos los instrumentos de ordenación urbanística, estudios de detalle y catálogos de bienes y espacios protegidos con mayor comodidad y celeridad, sin necesidad de modificar todo el planeamiento para incorporar cuestiones particulares. Al respecto, el Gobierno regional se guardará únicamente la baza de la supervisión legal.
Por su lado, los consistorios más pequeños gozarán tras su aprobación de un "servicio de acompañamiento", tutelado por la propia Comunidad, específicamente diseñado para "ayudar a estas localidades de menor población a elaborar su planeamiento urbanístico", incluyendo "los estudios previos, la tramitación ambiental y de los informes necesarios para desarrollar sus propuestas".
En base a los parámetros previstos por los de Isabel Díaz Ayuso, la futura ley simplificará también la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a solo tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. El objetivo no es otro que "facilitar su gestión y aportar mayor seguridad y claridad a propietarios, ayuntamientos e inversores" privados, por ejemplo los relativo a las actividades de expltoación agrícola y ganadera.
Todo, ha asegurado a renglón seguido el mismo titular, "con una visión conjunta de la Comunidad". En la práctica, ha detallado, teniendo bien presentes las necesidades y casuísticas sociales y económicas propias de cada municipio, la protección del medio ambiente y el paisaje o la creación de infraestructuras y servicios públicos, entre otros aspectos.
Más allá de la planificación urbanística y los usos del suelo, LIDER actualizará la normativa actual sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, vigente desde hace casi 30 años, para "adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región". Así, las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar -o, en su caso, denegar- las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal.
Una cuestión, ha querido matizar el mismo Novillo tras la comparecencia, que en ningún caso afecta a la problemática de los ruidos ligada a los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. Algo que escapa a tales competencias pues, ha aclarado el consejero, depende de la normativa estatal y las ordenanzas municipales.
Al mismo tiempo, el texto prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados de manera específica para tal fin, tales como las cocinas, y actualiza el régimen sancionador al respecto.
De acuerdo con la hoja de ruta prevista por la Comunidad, dada la "urgencia" e "importancia" que atresora, se espera que la aprobación definitiva del texto en la Asamblea de Vallecas tenga lugar a lo largo del próximo periodo de sesiones, que arranca en el mes de septiembre. Su entrada en vigor, por ende, prevista para finales de año.
En los últimos meses, partidos de la oposición y otras organizaciones vecinales y ecologistas vienen criticando con dureza el espíritu desregularizador de la ley, al considerar que la liberalización masiva de suelo tan solo favorece a los intereses de empresas y fondos de inversión que hacen negocio y se lucran especulando con la vivienda.
Frente a tales argumentos, desde Sol responden que el proyecto incorpora -total o parcialmente- hasta un 36 por ciento de las alegaciones presentadas por todo tipo de entidades y particulares a lo largo y ancho de su proceso de tramitación.