El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el nombramiento de los expresidentes regionales Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como nuevos vocales de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano consultivo encargado de emitir dictámenes sobre los asuntos de mayor relevancia jurídica de la Administración autonómica.
El anuncio lo ha realizado el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Ejecutivo.
Con estas incorporaciones, los tres expresidentes pasarán a formar parte de un organismo independiente cuya función es velar por la adecuación de las actuaciones de la Administración al ordenamiento jurídico. Aunque sus dictámenes no son vinculantes, el Gobierno regional destaca que constituyen una referencia de especial relevancia para las administraciones públicas madrileñas, al aportar "seguridad jurídica y rigor técnico".
Por el contrario, el Ejecutivo no ha acordado el nombramiento del también expresidente Joaquín Leguina, que actualmente preside la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
La posibilidad de incorporarse a la Comisión Jurídica Asesora está recogida en el Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante el Decreto 59/2025. La norma establece que quienes hayan permanecido al menos dos años al frente del Gobierno regional desde el inicio de una legislatura podrán ser designados como vocales electivos una vez cesen en el cargo.
Este estatuto, aprobado hace un año, regula por primera vez el régimen de los expresidentes y de los antiguos miembros del Consejo de Gobierno con el objetivo, según el Ejecutivo madrileño, de "homologarse al Estado y a las comunidades autónomas".
La norma contempla, además, que los expresidentes elegidos a partir del actual mandato puedan percibir una compensación equivalente al 80 por ciento de su sueldo durante un máximo de 24 meses tras abandonar el cargo. Asimismo, quienes participen en labores consultivas podrán recibir una indemnización de 750 euros por asistir a las comisiones, mientras que los expresidentes que hayan permanecido al menos dos años en el cargo dispondrán también, durante los dos años posteriores a su cese, de medios personales y materiales de apoyo.