La Audiencia Nacional ha condenado al ex secretario general del PP de Madrid y exvicepresidente regional Francisco Granados a dos años y medio de prisión por las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos a la empresa Waiter Music para la organización de fiestas patronales en varios municipios madrileños, dentro de una de las piezas separadas del 'caso Púnica'.
La sentencia, dictada por la Sala de lo Penal, considera a Granados responsable de un delito continuado de fraude, por el que le impone la pena de prisión. Además, le condena por un delito continuado de prevaricación, castigado con ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En la resolución, los magistrados sostienen que el exdirigente popular no intervino directamente en la tramitación administrativa de los expedientes, sino que desempeñó un papel clave gracias a la influencia derivada de su posición política. Según el tribunal, actuó como impulsor del sistema de adjudicaciones irregulares y ejerció una capacidad continuada para influir en quienes tomaban las decisiones.
La Audiencia Nacional también considera acreditado que Granados obtuvo un beneficio personal de esa relación con el empresario José Luis Huertas, propietario de Waiter Music, mediante la recepción habitual de servicios y celebraciones privadas costeadas por este, sin contraprestación económica por su parte.
La Audiencia Nacional da por acreditado que la adjudicación de contratos a Waiter Music en varios municipios madrileños respondía a un sistema previamente orientado para favorecer a la empresa o a sociedades vinculadas a su responsable, lo que permitió durante años la organización de fiestas patronales y otros eventos públicos con una relación continuada con distintos ayuntamientos.
Según la sentencia, la mercantil no solo prestaba los servicios contratados, sino que también asumía gastos adicionales o realizaba trabajos no facturados con el objetivo de mantener su posición privilegiada en futuras adjudicaciones. Este esquema se habría desarrollado entre 2004 y 2013 en Valdemoro, y entre 2007 y 2011 en Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio, todos ellos en la Comunidad de Madrid.
En el plano de las responsabilidades penales, la Audiencia Nacional condena también por fraude continuado a los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno, a la exregidora de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, al exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada y al exsenador del PP David Erguido. Todos ellos reciben penas de prisión por su implicación en los hechos.
Por el contrario, el tribunal absuelve a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz, además de otros dos acusados en esta causa, al no apreciar responsabilidad penal en su actuación.
La Fiscalía había reclamado penas de entre dos y seis años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
Estas condenas se enmarcan en una de las piezas separadas del 'caso Púnica', la macrocausa que investiga una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas irregulares en distintas administraciones.