La aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales supuso un cambio de paradigma en la gestión de los gatos sin hogar en España. La norma convirtió a los denominados "gatos comunitarios" en una figura protegida y atribuyó a los ayuntamientos la responsabilidad directa de garantizar su control poblacional, alimentación y atención veterinaria.
Sin embargo, casi tres años después de su entrada en vigor, cuidadores y voluntarios de distintas localidades de la Comunidad de Madrid denuncian que buena parte de estas obligaciones siguen recayendo sobre particulares.
La situación ha vuelto a quedar de manifiesto en Parla, donde el Partido Animalista Pacma ha reclamado al Ayuntamiento el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa estatal.
La formación asegura que, pese a que el Pleno municipal aprobó en marzo la gestión de las colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) y el compromiso de financiar íntegramente la alimentación de los gatos comunitarios, son todavía vecinos y voluntarios quienes asumen estos gastos.
Además, Pacma ha alertado de la existencia de gatos comunitarios con heridas visibles que, según la información trasladada por vecinos, no habrían recibido la atención veterinaria necesaria. La organización recuerda que la legislación vigente atribuye expresamente a las entidades locales la responsabilidad de proporcionar asistencia sanitaria a estos animales cuando sea preciso.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Parla, aseguran que son "consicente de la situación" y que están "trabajando para mejorar". No obstante, también recuerdan que la normativa estatal no viene dada con una partida presupuestaria, por lo que desde la administración hacen "lo que se puede" con lo que tienen. "Llegamos hasta donde llegamos, no hasta donde nos gustaría", afirman.
Aunque el caso ha reabierto el debate, los colectivos de protección animal sostienen que se trata de una problemática que se repite en numerosos municipios madrileños. Pese a que la ley establece claramente las competencias municipales, muchos cuidadores continúan sufragando de su bolsillo la alimentación de las colonias y gestionando emergencias veterinarias ante la falta de recursos o de una intervención ágil por parte de las administraciones.
Entre las obligaciones que tienen los ayuntamientos según la legislación sobre bienestar animal figuran la implantación del método CER, la elaboración de censos de colonias felinas, la identificación de los animales mediante microchip, la habilitación de puntos de alimentación y agua, así como la atención veterinaria necesaria para garantizar su bienestar.
La norma también prohíbe el sacrificio de estos animales salvo en supuestos excepcionales y limita su retirada o traslado a casos debidamente justificados por razones sanitarias o de protección de la biodiversidad.
Sin embargo, la aplicación práctica de estas medidas avanza a diferentes velocidades según el municipio. Mientras algunas localidades han desarrollado programas específicos de gestión de colonias felinas y cuentan con convenios veterinarios estables, otras siguen dependiendo en gran medida de la labor de voluntarios para mantener el sistema.
Para Toñi Pulido, auxiliar técnica veterinaria en la Clínica Veterinaria Las Nieves de Móstoles y voluntaria en la asociación Felina 4 Gatos Madrid, el principal problema es que la gestión cotidiana de una colonia sigue suponiendo una carga económica difícil de sostener para una persona particular. "Es un gasto por todos lados", resume.
Según explica, los costes más habituales son la alimentación diaria, las desparasitaciones, las esterilizaciones y, sobre todo, las urgencias veterinarias. "Por eso, la base de cualquier colonia urbana es la castración", señala Pulido, que recuerda que esterilizar "reduce nacimientos, peleas, transmisión de enfermedades y parte de los problemas vecinales". Aun así, advierte de que en colonias numerosas es difícil alcanzar el cien por cien de animales castrados, porque siempre quedan hembras esquivas o machos que se desplazan entre zonas.
"La base de cualquier colonia urbana es la castración, ya que reduce nacimientos, peleas, transmisión de enfermedades y parte de los problemas vecinales"
Además, la presión económica se dispara cuando aparece un animal enfermo. "Cuando se te pone un gato malo de colonia, puede ser cualquier cosa", explica Pulido. "En esos casos no basta con una consulta básica: pueden hacer falta pruebas, análisis, test, hospitalización o tratamientos prolongados".
Como ejemplo, cita el caso de Farrukito, un gato recogido de una colonia con un problema dermatológico y positivo a inmunodeficiencia felina. Entre hospitalización, pruebas, castración y nuevos estudios, los gastos superaron el millar de euros, por lo que las cuidadoras recurrieron a sorteos para poder financiar la atención veterinaria.
Las rifas, colectas en comercios de barrio y pequeñas donaciones son, según Pulido, una herramienta habitual para cubrir facturas. "¿Es justo? No, no es justo", sostiene. "Se trata de animales que viven en la calle y cuya gestión debería estar respaldada por recursos públicos".
Además, la rutina diaria de un cuidador no se limita a dejar comida, "implica acudir todos los días al punto de alimentación, mantenerlo limpio, retirar el alimento húmedo, vigilar el estado de salud de los animales y coordinar capturas cuando hay que esterilizar o atender a un gato enfermo", detalla.
Pulido insiste en que los cuidadores acreditados suelen ser "súper rigurosos" con la limpieza y con el tipo de comida, y que muchos problemas de suciedad proceden de personas desinformadas que dejan restos de comida humana en las colonias.
"Lo mejor que le podría pasar al mundo de las colonias felinas es que el voluntariado se hiciera profesional y se pagara por ese trabajo"
A esa carga se suman los conflictos vecinales. Pulido relata casos de alimentadores denunciados por comunidades, personas que han recibido insultos o amenazas e incluso situaciones de presunto envenenamiento de animales. Además, la dificultad aumenta en puntos situados en propiedades privadas, colegios, polígonos, gasolineras u hospitales, donde el permiso municipal no siempre basta para poder alimentar o capturar a los gatos.
A pesar de que la Ley 7/2023 protege más a la figura del cuidador profesional y el bienestar de las colonias felinas, todavía hay muchos cuidadores que consideran que la efectividad de esta norma depende de que los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes y desarrollen mecanismos de gestión que permitan trasladar las obligaciones legales a la realidad cotidiana.
Pulido defiende que el modelo funciona cuando hay convenios, veterinarios implicados, asociaciones con capacidad de gestión y coordinación con los alimentadores. Como ejemplo, cita el caso de Móstoles, donde recuerda que en el primer programa CER se censaron unas 130 colonias y se esterilizaron cientos de animales. "Los municipios con estructuras estables han logrado reducir población, mejorar la salud de los gatos y disminuir los conflictos", asegura.
Sin embargo, considera que todavía falta información y apoyo, especialmente en municipios pequeños que no siempre conocen las ayudas disponibles o no cuentan con medios veterinarios cercanos. A su juicio, la gestión de colonias debería avanzar hacia equipos especializados y remunerados. "Lo mejor que le podría pasar al mundo de las colonias felinas es que ese voluntariado se hiciera profesional y se pagara por ese trabajo", sostiene.
Mientras tanto, continúan siendo ellos quienes sostienen gran parte del trabajo diario necesario para garantizar la supervivencia y el bienestar de las colonias felinas repartidas por los municipios madrileños.
Pulido cree que la percepción social está cambiando, aunque lentamente. "Los buenos resultados de las colonias controladas ayudan a que los vecinos entiendan el beneficio del método CER", afirma. "Pero todavía pasarán años hasta que una gran parte de la ciudadanía comprenda plenamente el valor de esta labor".