La Comunidad de Madrid ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la falta de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes, el principal órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que no se reúne desde hace más de tres años.
El Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ya había remitido a finales de abril un requerimiento formal al Ministerio en el que exigía la activación de este órgano. En ese escrito advertía de que, si en un plazo de 30 días no se convocaba la reunión, acudiría a la vía judicial, como finalmente ha ocurrido.
Según la normativa que regula este foro de cooperación, las reuniones deberían celebrarse con una periodicidad semestral. Sin embargo, la última sesión se celebró en julio de 2022, lo que para la Comunidad de Madrid supone un incumplimiento de las obligaciones de coordinación institucional y un obstáculo para la gestión conjunta de la movilidad y el transporte público.
Desde el Gobierno autonómico sostienen que la ausencia de este órgano dificulta la respuesta coordinada a los principales retos del sistema de transporte, especialmente en un contexto que califican de empeoramiento del servicio de Cercanías y aumento de incidencias en los últimos años.
En este sentido, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) defiende la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones para mejorar la planificación de infraestructuras y la calidad del servicio.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha criticado además la actitud del ministro y ha pedido que abandone lo que ha definido como “matonismo habitual en redes sociales” para actuar “como un ministro”. También ha justificado la decisión de acudir a los tribunales tras el incumplimiento del requerimiento previo.
El Ejecutivo madrileño sostiene que las incidencias en la red de Cercanías han aumentado de forma significativa en los últimos años y reclama explicaciones sobre las inversiones previstas para revertir lo que califica de situación de deterioro del servicio.