Los ocho activistas investigados por la protesta propalestina que interrumpió el paso de La Vuelta a España 2025 en Becerril de la Sierra, conocidos como 'Las 8 de Becerril', han reclamado el archivo de la causa abierta contra ellos. Además, han acusado al Gobierno de actuar con “hipocresía” por alentar el “boicot” mientras permite que se les investigue judicialmente.
Este miércoles, tres de los ocho encausados han comparecido ante la sede de la Fiscalía General del Estado para presentar la campaña “Las 8 de Becerril”, impulsada por la Asamblea de Vivienda de Villalba junto a Amnistía Internacional. También han anunciado la puesta en marcha de un crowdfunding con el que buscan recaudar al menos 20.000 euros para afrontar los gastos derivados del procedimiento judicial. Durante la presentación, han denunciado lo que consideran una criminalización de la protesta pacífica.
Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2025, durante la penúltima etapa de La Vuelta, que finalizaba en la Bola del Mundo. Ese día, más de un centenar de personas participaron en una protesta contra la presencia del equipo Israel Premier Tech. Según la versión de la Asamblea de Vivienda de Villalba, dos activistas se descolgaron de un puente con una pancarta, mientras otros manifestantes ocuparon la carretera a la altura de Becerril de la Sierra.
El único detenido durante aquella acción, Pablo González, ha afirmado que el procedimiento judicial busca ser “un castigo ejemplarizante” y un aviso dirigido especialmente al movimiento de solidaridad con el pueblo palestino.
González ha explicado que permaneció detenido menos de dos horas y ha denunciado una actuación “desproporcionada” por parte de agentes de la Guardia Civil. Según ha relatado, podrían haber detenido a cualquier otra persona participante en la protesta. “Tengo mi parte de lesiones. Durante la detención me aplastaron la cara contra la cuneta y me rompieron las gafas”, ha señalado.
De acuerdo con los activistas, las ocho personas investigadas están acusadas de atentado a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos, delitos que podrían implicar penas de prisión. Su abogado, Diego Redondo, ha denunciado que la causa supone un “escarmiento” contra las protestas propalestinas y ha advertido de que puede conllevar “importantes penas de prisión”.
También ha indicado que los encausados han sido citados a declarar el próximo 21 de octubre en un juzgado de Collado Villalba, y ha subrayado que niegan los hechos “de manera rotunda”.
Redondo ha sostenido que se trata de “un juicio político”, aunque ha puntualizado que, a su juicio, no ha sido la defensa quien lo ha politizado, sino “un Estado hipócrita que anima al boicot y la movilización y luego encausa a activistas”. En este caso, ha recordado, se les atribuyen presuntos delitos de atentado y resistencia contra la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.
Los activistas han criticado de forma conjunta la “hipocresía” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de haber instado al boicot, “pero solo al que él quería”. Además, han advertido de que, dadas las circunstancias, convertirán el proceso judicial en una causa política.
También han defendido que las protestas fueron pacíficas y han reivindicado la desobediencia civil como una herramienta legítima en cualquier democracia. Por ello, han exigido el sobreseimiento y archivo de la causa.
Por su parte, Daniel Canales, miembro del área de investigación de Amnistía Internacional España, ha afirmado que “protestar no es un delito” y ha expresado su confianza en que el procedimiento “no tenga más recorrido”.
Canales ha defendido que la presentación de cargos penales contra acciones pacíficas de protesta puede vulnerar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. También ha advertido del “efecto disuasorio” que este tipo de procedimientos puede tener sobre la participación en movilizaciones sociales.
Preguntado por la aprobación de una ley en la Asamblea de Madrid que permitiría a la Comunidad personarse como acusación particular en casos como los disturbios de La Vuelta de 2025, Redondo ha señalado que no tiene constancia de que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso tenga intención de hacerlo. Según el abogado, aquellas declaraciones fueron “un titular político”.
En cualquier caso, ha advertido de que una eventual personación de la Comunidad de Madrid supondría “otra limitación más del derecho a la protesta”. “Sabemos lo que se hizo”, ha concluido.