El Comité de Huelga médico ha reclamado este jueves la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, o, en su defecto, su destitución inmediata, al considerar que su departamento incurre en una continua “manipulación del relato” y en una “falta de rigor” que dificulta avanzar en la negociación sobre la reforma del Estatuto Marco.
Así lo han manifestado en un comunicado conjunto la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA.
La reacción llega después de que el Ministerio de Sanidad comunicara a las comunidades autónomas la suspensión de la reunión prevista para este jueves entre las tres partes, en la que se iba a abordar la posible creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico. La cancelación se produjo tras el rechazo del Comité a las propuestas planteadas por el Ministerio y la decisión de mantener la convocatoria de huelga para la próxima semana.
En una carta remitida a las consejerías, Sanidad justificó la decisión al señalar que “no resulta útil ni necesario mantener la reunión (...), dado que no apreciamos voluntad de desescalar el conflicto, a pesar de la buena fe del Ministerio y de los numerosos puntos de acuerdo alcanzados hasta el momento”.
“No se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones"
Frente a esta versión, los sindicatos sostienen que “no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando la responsabilidad del conflicto al Comité de Huelga y a las comunidades autónomas”.
Según explican, en el encuentro mantenido el pasado 17 de abril, el Ministerio planteó como posible salida la creación de mesas de negociación propias en el ámbito autonómico, comprometiéndose a trasladar esta propuesta a las comunidades para impulsar un acuerdo a tres bandas. Las organizaciones sindicales accedieron a estudiar esta vía y plantearon que, “solo” en caso de aceptación, se convocaría una reunión con las autonomías.
Sin embargo, finalmente rechazaron la iniciativa por considerarla “inviable” desde el punto de vista jurídico. A este respecto, el Comité argumenta que “el marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal”, y añade que “los fundamentos jurídicos que sustentan esta conclusión son tan claros y contundentes que cuesta creer que los servicios jurídicos del ministerio los desconocieran”.
Los sindicatos subrayan que el propio Ministerio es consciente de que cualquier solución pasa necesariamente por reformar la normativa estatal para permitir tanto la creación de una mesa específica como el desarrollo de un estatuto propio para médicos y facultativos, pasos que consideran “los primeros pasos impresdindibles” para abordar otras cuestiones como la clasificación profesional, la jornada o la jubilación.
En este contexto, el Comité acusa a Sanidad de eludir su responsabilidad y de sostener un relato “que desplaza el origen y la persistencia del conflicto hacia otras partes, en lugar de abordar el problema desde el rigor jurídico y la coherencia normativa que la situación exige”.
Asimismo, denuncia la “sistemática manipulación y tergiversación del contenido de las negociaciones”, que, a su juicio, responde a la intención de construir un “relato engañoso e interesado”, motivo por el que solicitaron la grabación de los encuentros.
Finalmente, advierten de que “el mantenimiento de esta falta de rigor dificulta seriamente la posibilidad de avanzar hacia una solución a un conflicto que exige respuestas estructurales y no meras propuestas inviables en el marco legal actual”.