El Ayuntamiento de Madrid ha advertido de un fuerte incremento en la presión sobre los servicios sociales municipales tras la aprobación del Gobierno de España del Real Decreto para iniciar un proceso extraordinario de regularización administrativa para personas migrantes en situación irregular.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros, entró en vigor el pasado 16 de abril, mismo día en el que se abrió el plazo para presentar solicitudes. Desde entonces, según el Consistorio madrileño, se ha producido un "aumento significativo" en la demanda de citas y trámites vinculados a este proceso administrativo, que esta mañana han amanecido con largas colas para conseguir cita para iniciar el proceso, que primero tiene que pasar por obtener un certificado de vulnerabilidad que justifique la concesión de papeles.
"Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas al día, tras la entrada en vigor del decreto, hemos pasado a 4.000 y al día siguiente a 5.500", ha explicado el delegado. A su juicio, estos datos evidencian un "colapso" en los sistemas de atención.
El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha criticado esta medida, asegurando que se ha adoptado "sin escuchar a las otras administraciones implicadas", como la Comunidad de Madrid o los propios Ayuntamientos. Además, tal y como ha manifestado el delegado, existe una creciente preocupación por parte del Gobierno municipal por el funcionamiento de los centros porque tienen que hacer frente a las gestiones ordinarias, como tarjetas familia, ayudas de teleasistencia y otro tipos de subvenciones... "Son servicios muy delicados. Tenemos que atender a lo que siempre teníamos más el colapso que ahora ha generado el Gobierno de España. Creo que la mejor decisión sería retirar ese decreto y llevarlo a cabo de forma consensucada", ha solicitado.
Fernández ha explicado que uno de los principales puntos de fricción es el llamado certificado de vulnerabilidad, un documento clave en el proceso de regularización. Según ha explicado, este certificado "no ha sido consensuado" y obliga a los servicios sociales municipales a acreditar situaciones, que en muchos casos, desconocen. "Vamos a cumplir con la legalidad, pero solo certificaremos aquello que podamos acreditar con una intervención social previa", ha apostillado. Este hecho, implica que algunas solicitudes podrían no prosperar si no existe historial en los servicios sociales.
Asimismo, el delegado ha confesado que desde el Ayuntamiento están "intentando parar el golpe" para mitigar el impacto que esta sobrecarga de peticione spueda tener en los servicios municipales, pero recuerda que el decreto se ha aplicado sin "ofrecer financiación" a las administraciones para "reforzar las plantillas ni tampoco para llevar a cabo" todo el proceso.
En esta misma línea, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha trasladado su "preocupación" por lo que ha calificado como una "situación límite" que atraviedan los ayuntamientos. En una carta remitira a la Delegación del Gobierno, la presidenta de la FMM, Judith Piquet, ha advertido de que el decreto "está colapsando los servicios municipales" y ha criticado la "nula comunicación" por parte del Ejecutivo central.
Asimismo, Piquet ha solicitado una reunión "urgente" para abordar las consecuencias de la medida y ha lamentado que no se haya previsto de ningún tipo de ayuda económica o refuerzo de las plantillas para hacer frente a esta situación. "Supone una gran carga de trabajo para los ayuntamientos, que están tramitando la documentación exigida sin recursos adicionales", ha señalado.
De esta manera, tanto Ayuntamiento como la FMM coinciden en pedir mayor coordinación institucional para gestionar el proceso y apoyo económico. Mientras tanto, ya se han podido contemplar largas colas en las oficinas municipales y, según advierten, la situación podría agravarse en los próximos días.