La anulación de la tasa de basuras por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha irrumpido de lleno en el pleno de marzo del Palacio de Cibeles. El fallo judicial centra buena parte del debate, con la oposición exigiendo explicaciones y la devolución del dinero recaudado, mientras el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, replica invitando a los grupos a acudir al Ministerio de Hacienda para pedir la derogación del tributo.
Desde Más Madrid, su portavoz, Rita Maestre, ha cargado contra el alcalde, calificando el tributo como una "chapuza administrativa" que ha sido "defendida a capa y espada" por el Gobierno municipal.
La líder de la oposición ha exigido a José Luis Martínez-Almeida que aclare "cuándo va a devolver lo cobrado injustamente a los madrileños", una cifra que sitúa en torno a los 300 millones de euros. "Es una sentencia tajante y clara en la nulidad", sostiene Maestre, quien insiste en que el regidor debe "pedir perdón" y asumir responsabilidades tras el "varapalo judicial" a una tasa que considera "injusta e ilegal". Además, critica que el diseño del tributo haya perjudicado, en especial, a los barrios del sur y reclama que se elabore una nueva tasa que tenga en cuenta "la realidad de los barrios" y el principio de que "pague más quien más contamina".
En la misma línea, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha reclamado al alcalde "menos soberbia y más pedir perdón" a los madrileños y, al igual que Maestre, ha solicitado la devolución del dinero recaudado. La socialista asegura que la sentencia confirma que se trata de una tasa "injusta" y que además "los tribunales han demostrado que es ilegal", y acusa al Gobierno municipal de no asumir errores.
"Espero que hoy sepamos cuándo va a devolver la tasa de basuras a la ciudadanía", señala Maroto, que critica que el Ejecutivo local esté "más preocupado por echarle la culpa al Gobierno de España que por gestionar la ciudad". Asimismo, ha reclamado que no se recurra la sentencia para evitar "seguir gastando dinero en recursos que no llevan a nada" y, por el contrario, el partido socialista pide rediseñar el sistema con "criterios más justos, incluyendo incentivos al reciclaje".
Frente a estas críticas, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha respondido en el pleno instando a la oposición a dirigir sus reclamaciones al Gobierno central. "¿No les gusta la tasa de residuos? Vámonos juntos al Ministerio de Hacienda y pidamos su derogación", replica el regidor, que responsabiliza directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber impuesto este tributo a los ayuntamientos en aplicación del principio de "quien contamina paga".
En su intervención, Martínez-Almeida ha insistido en que el Consistorio se ha limitado a cumplir con una obligación legal y acusa a Más Madrid y PSOE de tratar de "confundir a la ciudadanía" con sus críticas.
Más tarde, ante el revuelo, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha comparecido ante los periodistas en el hall del Palacio de Cibeles. La responsable municipal ha solicitado “prudencia” ante una sentencia que, recuerda, “no es firme” y que se encuentra en estudio por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Hidalgo explica que la nulidad se debe a "aspectos formales" relacionados con un anexo del informe económico que el juez considera esencial y que no se incorporó en el momento de la información pública. "Las sentencias no entran en ningún momento en el fondo de lo que regula la tasa", subraya, defendiendo el trabajo de los técnicos municipales.
La responsable económica del Consistorio ha manifestado que será ahora el área jurídica la que determine si procede recurrir el fallo y cómo actuar en función de esa decisión. En caso de recurso, recuerda, "se suspenden los efectos de la sentencia", mientras que si no se recurre habrá que estudiar "cómo proceder a la ejecución", incluida una eventual devolución.
Asimismo, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda ha criticado la "rapidez y frivolidad" con la que, a su juicio, algunos grupos están exigiendo medidas inmeditas.
Y al igual que el regidor madrileño, la delegada defiende que la tasa responde a una obligación estatal y advierte de que su aplicación está generando problemas jurídicos en distintos municipios. "Es una tasa que nunca nos habíamos planteado y que hemos tenido que implantar por imposición", ha afirmado, al tiempo que recuerda que el Ayuntamiento ya ha introducido cambios en la ordenanza de 2026 para reforzar su seguridad jurídica, incluyendo el número de empadronados en cada vivienda.