La concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Parla ha decidido anular el examen de las oposiciones a 24 plazas de auxiliar administrativo y aceptar la renuncia de todos los miembros del tribunal calificador. Ocurre después de que varios aspirantes alertaran sobre un posible patrón en las respuestas de la prueba que se realizó el pasado 10 de marzo.
El examen, de 33 preguntas tipo test, despertó sospechas al detectarse que 31 respuestas correctas coincidían con la opción que seguía a la única alternativa que no terminaba en un punto, un detalle que fue denunciado por los opositores y que ha motivado la investigación del proceso.
La concejala de Recursos Humanos, Nerea Ruiz-Rosso, ha asegurado que la decisión busca “no romper el derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la función pública de todos los opositores”. Además, el Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad de Madrid la designación de un instructor externo para el total esclarecimiento de los hechos.
El sindicato CSIF se ha mostrado crítico con el proceso y ha reclamado “la nulidad del proceso y la reprobación del tribunal calificador, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en todo proceso selectivo público”. Asimismo, ha instado a adoptar medidas preventivas para evitar filtraciones o irregularidades en futuras convocatorias.
Por su parte, el portavoz de Vox en Parla, Juan Marcos Manrique, considera que la resolución municipal “es insuficiente” y ha reiterado la necesidad de crear una comisión de investigación para aclarar las circunstancias de estas oposiciones.
El Ayuntamiento ha asegurado que, mientras se investigan los hechos, la tramitación del proceso selectivo queda suspendida y se ha requerido al tribunal calificador que aporte una “aclaración profunda y exhaustiva” sobre el patrón detectado en las respuestas.
Se da la circunstancia de que estas oposiciones bajo sospecha se presentó la concejala de Educación de Parla, Isabel Ávila (Más Madrid), quien alegó que lo hizo “como una ciudadana más”. Ávila aseguró desconocer cualquier irregularidad y negó tener relación con el presunto amaño.
La edil explicó que su intención era conocer el proceso y el nivel exigido, con vistas a posibles alternativas laborales tras su etapa política, y se mostró a favor de que se repitiera la prueba para garantizar la igualdad y depurar responsabilidades. Por su parte, los sindicatos del Ayuntamiento y Podemos también habían solicitado la anulación del examen, calificando los hechos de “graves” y reclamando medidas correctivas.