Un total de 497 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales han recuperado su uso residencial en Madrid entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 como resultado de 2.042 inspecciones municipales. En ese periodo se detectaron 1.893 inmuebles, de los cuales 1.788 operaban sin título habilitante. Solo en 2025, 323 regularizaron voluntariamente su situación, lo que supone un 10,2 por ciento más que el año anterior.
Así lo ha detallado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha asegurado que se ha cumplido en torno al 85 por ciento de los objetivos del ‘Plan de Inspección Urbanística 2024-2025 de la ciudad de Madrid’. El edil ha subrayado el refuerzo de medios destinado al programa y ha defendido su eficacia. “Estamos satisfechos por el incremento de recursos humanos y materiales destinados al plan, que es el primero aprobado por este Ayuntamiento”, ha señalado ante los medios antes de presidir el Consejo Rector de la Agencia de Actividades.
Carabante ha vinculado parte de los resultados a la retirada voluntaria de anuncios en plataformas digitales, que cifra en unas 3.000 viviendas turísticas. A su juicio, este dato demuestra que “el régimen sancionador debe ser el último escalón de la administración”. “Primero está la información, la conciliación y el conocimiento de la normativa. No todas las viviendas fueron inspeccionadas ni sancionadas; muchas se retiraron voluntariamente tras conocer la normativa y el plan”, ha explicado.
El delegado también ha reconocido las dificultades para imponer sanciones. “Cuando se inspeccionan hay que acreditar de manera fehaciente que se está prestando el servicio de vivienda turística, y eso no es tan sencillo”, ha indicado. Según ha precisado, el propietario puede alegar que el piso es de un familiar o que ya no se desarrolla la actividad, lo que “no permite acreditar con prueba fehaciente que se desarrolla la actividad”.
En el capítulo sancionador, el Ayuntamiento ha impuesto alrededor de un centenar de multas superiores a 30.000 euros y mantiene la intención de aplicar el máximo régimen sancionador que permita la normativa.
En paralelo, el número de VUT legales ha aumentado hasta cerca de 1.400, frente a las 1.100 de hace año y medio. “Pueden aumentar, siempre garantizando que sean compatibles con el ámbito residencial y sin conflicto con los vecinos”, ha defendido Carabante, quien ha resumido la estrategia municipal: “Yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir las ilegales e incrementar en la medida de lo posible para dar respuesta a la demanda que tenemos con aquellas que son legales”.
Respecto a la posible transformación de edificios completos en alojamientos turísticos, el delegado ha asegurado que se estudia “caso por caso”, atendiendo a la calle y la parcela concreta, y ha pedido evitar alarmas infundadas.
Desde Más Madrid, el concejal José Luis Nieto considera que los datos del plan “no se sostienen” y ha calificado la política municipal de vivienda como “una estafa”. Según ha denunciado, “Almeida lleva meses repitiendo que ha eliminado 3.000 viviendas turísticas ilegales y la realidad de sus propios datos habla sólo de 497 y sin un solo acta que confirme que sus pisos turísticos han dejado realmente de funcionar”.
En la misma línea, el edil socialista Antonio Giraldo ha tachado de “mentira” la cifra de 3.000 clausuras y ha asegurado que el Consistorio “solamente ha emitido 397 órdenes de cese contra VUT ilegales, no 3.000, y que de ellas solamente 176 se le han impuesto sanciones”. A su juicio, estos datos no son “para sacar pecho de nada” en una ciudad donde, sostiene, existen “más de 15.000 VUT ilegales”.
Ante la diferencia de cifras, Carabante ha reiterado que las 3.000 viviendas a las que se refiere el Ejecutivo local son anuncios retirados de plataformas digitales. “Hay 3.000 viviendas turísticas anunciadas en las plataformas digitales que han dejado de estarlo y que por lo tanto hay 3.000 viviendas menos en Madrid sin que hubiese una inspección de por medio”, ha afirmado.
El delegado ha diferenciado esos casos de las 497 viviendas inspeccionadas en las que “a través del régimen sancionador, se ha restablecido la legalidad”, y ha insistido en que el anuncio del plan y del refuerzo inspector ha propiciado ceses voluntarios sin necesidad de sanción.