El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha presentado este martes sus alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central en un juzgado de Madrid, destinadas a impedir que el Consistorio haga efectivo el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación de emigrantes (Creade) que el Ministerio de Migraciones mantiene en la ciudad. Según el Ayuntamiento, estas alegaciones insisten en lo que viene defendiendo desde septiembre, cuando decretó el cierre definitivo y otorgó al Ejecutivo cuatro meses para cesar en esa actividad por incumplir no solo la normativa municipal, sino también la estatal.
El Gobierno municipal recuerda que el centro solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedajes breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pero acoge de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo, como reconoce el propio Ministerio en la documentación aportada al juzgado. Esto representa un “riesgo cierto de hacinamiento”, denuncia el Ayuntamiento en su escrito.
Además, el edificio contaba desde 2013 con una licencia que advertía que “será necesaria la obtención de nueva licencia de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones” y que “cualquier modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados al Ayuntamiento”, obligaciones que el Gobierno central ha incumplido.
El Consistorio subraya que la TGSS cedió el inmueble a Migraciones “única y exclusivamente” para la emergencia por la guerra de Ucrania en marzo de 2022, pero en septiembre de 2023 se convirtió en un centro permanente y genérico para solicitantes de asilo de todo el mundo, nuevamente sin pedir licencia, pese a que la atención a estas personas requiere instalaciones distintas y con mayor capacidad.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha denunciado que el Gobierno central ha autorizado la entrada de casi 600 personas “sin licencia y saltándose todas las normas”, y asegura que “confía en que la Justicia actúe ante esta irresponsabilidad y, en cualquier caso, llegaremos hasta donde haga falta para que así sea”.
Mientras tanto, el juzgado deberá decidir si mantiene abierto el centro sin licencia. El Ayuntamiento remarca que ha decidido respetar los plazos judiciales, que se han prolongado más allá de la fecha de cierre inicial debido a que el recurso presentado por el ministerio el 17 de noviembre tardó más de un mes en llegar al Consistorio, justo antes de Nochebuena, momento a partir del cual comenzó a contar el plazo de alegaciones.
El conflicto también ha generado preocupación ante la posibilidad de utilizar el centro para acoger menores inmigrantes no acompañados, aunque esta situación no se ha consumado después de que el Ayuntamiento advirtiera a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores.