En un mensaje publicado en la red social X, Ortega Smith auguró que la medida se repetirá antes de 2027, “a las puertas de nuevas elecciones”, y cargó duramente contra el regidor: “¿Cómo se puede ser tan mentiroso, tan trilero y tan oportunista queriendo ganar votos porque sabes que tienes a miles de madrileños hartos de tus mentiras?”, lanzó el portavoz, pidiendo a la ciudadanía “no caer en la trampa”.
Mientras tanto, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguró que el Ayuntamiento mantendrá las ayudas al achatarramiento, dotadas con 1.500 euros para la retirada de vehículos contaminantes sin etiqueta. Carabante confirmó además que la moratoria se ampliará un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque únicamente afectará a los vehículos empadronados en Madrid. Los domiciliados fuera de la capital no pueden circular desde hace más de un año.
El concejal socialista Ignacio Benito arremetió contra la nueva prórroga al considerar que se basa en una “original excusa”: la calidad del aire. “Estos 14.000 vehículos contaminantes no inciden negativamente en la calidad del aire”, ironizó, para después recordar que la contaminación “mata cada año en Madrid a 2.000 vecinos”.
Benito defendió que cada vehículo contaminante retirado de la circulación “incide de manera directa y positiva en la salud” y advirtió de que miles de familias no pueden renovar su coche por falta de recursos. Exigió al Ayuntamiento incrementar las ayudas y criticó la falta de puntos de recarga: “El 70% de los vehículos duermen en la calle y no hay suficientes cargadores. Almeida no adapta la ciudad a las necesidades del vehículo eléctrico”.
Desde Más Madrid, la concejala Esther Gómez calificó de “desfachatez” que el Gobierno municipal justifique la moratoria apelando a la buena calidad del aire. Recordó que la prohibición de circular sin etiqueta por la Zona de Bajas Emisiones está aprobada desde 2021, pero que el PP “se niega sistemáticamente a que entre en vigor” mediante sucesivas moratorias “sin fundamento sanitario ni ambiental”.
Gómez aseguró que Madrid no cumple los nuevos valores de calidad del aire exigidos por la normativa europea para 2030 y alertó del “grave problema de contaminación por ozono” que el Gobierno municipal estaría ignorando. Además, criticó que la medida beneficie “solo a un 0,05% de la población”, mientras “perjudica la salud del 100% de los madrileños”.
“Es una tomadura de pelo que supone un retroceso deliberado en la protección de la salud pública”, afirmó la edil, que exigió avanzar hacia una reducción del tráfico y rechazó “más humos y gases contaminantes” en la ciudad. “Nuestro no más rotundo a esta medida delirante que sitúa al PP en la senda más reaccionaria y negacionista para contentar a sus amigos de la extrema derecha”, concluyó.