Durante la primera iniciativa, el concejal socialista Pedro Barrero ha denunciado que numerosas familias madrileñas viven "con el miedo real a perder su hogar", en alusión a los inmuebles vinculados a la Fundación Fusara o La Caixa que han pasado o pueden pasar a manos de fondos de inversión, pese a que "algunos fueron construidos en suelo municipal". "Un derecho a una vivienda digna se convierte en mercancía", ha lamentado, acusando al Gobierno municipal de situar al Ayuntamiento "donde no debía", permitiendo ventas "a espaldas de la ciudad".
El PSOE ha reprochado al PP "renunciar a aplicar la Ley de Vivienda", poner "trabas deliberadas" y demostrar que "ni quieren, ni saben, ni les importa proteger a estas familias". Barrero también ha subrayado la falta de parque público, "el Ayuntamiento aporta solo el 0,6 por ciento en una ciudad con más de millón y medio de viviendas", y ha recordado que los alquileres han subido más del 40 por ciento en cinco años, con más de 60.000 personas en lista de espera. "Al ritmo actual tardaríamos dos siglos en cubrir esa demanda", ha concluido.
Desde el PP, el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha acusado a Barrero de tener "cara de cemento" y ha asegurado que debería darle "vergüenza" hablar de vivienda cuando el Gobierno de España "ha hecho cero viviendas en la ciudad de Madrid, cero viviendas en siete años". Sobre el caso de las familias afectadas, González ha tachado la intervención socialista de "demagogia pura y dura" y ha afirmado que el PSOE intenta "no asumir sus responsabilidades" mientras ignora a otros afectados por la Seguridad Social o la Sareb. También ha recriminado a los socialistas "faltar al respeto" a los trabajadores de la EMVS por "calificarla" como fondo buitre.
Vox, por su parte, ha rechazado la propuesta del PSOE al considerar que las medidas planteadas significan "intervencionismo, socialismo y comunismo". Su portavoz, Javier Ortega Smith, ha defendido que las recetas de la izquierda "terminan siempre en lo mismo: intervencionismo, duplicidad, burocracia y más impuestos", y ha apostado por liberalizar suelo, desregular, desburocratizar licencias y eliminar impuestos como el ICIO o las plusvalías. Según Ortega Smith, iniciativas como las socialistas "retraen el mercado y encarecen todavía más el acceso a la vivienda".
En la segunda proposición, Más Madrid ha pedido que la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) iniciara negociaciones inmediatas con los fondos propietarios de vivienda en la capital para adquirir inmuebles y destinarlos al alquiler público. Su concejala Lucía Lois ha cargado contra el delegado de Vivienda, a quien ha acusado de declararse "completamente incompetente" pleno tras pleno. "Levántese, márchese, coja sus cosas y ahórrese a los madrileños el millón de euros que nos cuesta mantenerle en ese sillón", ha espetado.
Lois ha propuesto incluso una transaccional para que "el SEPES y la EMVS se sienten juntos e inicien las negociaciones para recibir cada una de sus entidades el 50 por ciento de la cartera", pero el PP la ha rechazado.
Lois también ha exigido explicaciones sobre la venta del bloque afectado en Vicálvaro y ha preguntado cómo es posible que "ese suelo público se esté vendiendo y malvendiendo para que especulen los fondos buitre". Más Madrid ha denunciado que la ciudad "sufre una operación sistemática de expulsión de la población", con una mayoría de compradores que son "inversores que se están forrando con los salarios de los madrileños".
La proposición tampoco ha prosperado. El delegado González ha asegurado que una compra masiva como la sugerida sería "una vergüenza" y que, a ese ritmo, "tardarían 250 años" en incorporar las viviendas planteadas. También ha reivindicado que su área "desarrolla la mayor inversión de la historia con 860 millones de euros".
De esta manera, ambas iniciativas han obtenido el apoyo de PSOE y Más Madrid, pero han sido rechazadas por PP y Vox, dejando de nuevo el debate sobre la vivienda en un punto de máxima confrontación política.