El equipo de Gobierno y la oposición del Ayuntamiento de Madrid volverá a sentarse en sus escaños este viernes para la celebración de un Pleno extraordinario, convocado por la propia corporación municipal tras la polémica generada en la sesión ordinaria de septiembre en torno a la aprobación de una proposición para proporcionar información sobre el denominado ‘trauma post aborto’. El pleno se celebrará a las 13:30 horas en el Palacio de Cibeles, tras la Junta Local de Seguridad, y estará marcada por un intenso debate político que ha trascendido los límites de la capital hasta alcanzar relevancia nacional.
La iniciativa que desató la controversia fue presentada por Vox en el pleno ordinario del 30 de septiembre, bajo la premisa de informar a las mujeres sobre un supuesto síndrome post aborto. La concejala Carla Toscano defendió la propuesta argumentando que dicho síndrome podía provocar “depresión, aislamiento, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, e incluso duplicar la tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos respecto a mujeres que no abortan”. Sin embargo, tal y como reconoció el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, días después, la proposición no contaba con respaldo científico.
El PP, para sorpresa de muchos, respaldó la iniciativa, aunque con matices. A diferencia de Vox, presentó una enmienda transaccional que proponía que la información se proporcionara de manera voluntaria y estrictamente verificada por los servicios municipales, incluyendo su disponibilidad en centros de Madrid Salud, Espacios de Igualdad (próximos Centros de Atención Integrales a la Mujer (CIAM)), Samur Social, centros de servicios sociales y páginas web oficiales. Martínez-Almeida ha explicado que su grupo buscará en el pleno extraordinario defender la misma postura, insistiendo en que la información se facilitará únicamente a quienes la soliciten y de forma profesional, desvinculando al PP del argumentario de Vox.
Desde la izquierda, la convocatoria del pleno ha generado críticas. Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha denunciado la “falta de transparencia” y el “desprecio institucional” del alcalde por anunciar la sesión a través de los medios de comunicación, sin comunicación previa a los grupos solicitantes. “Espero que el señor Martínez-Almeida llegue al pleno con ganas de debatir y no con más excusas. Madrid necesita un alcalde que dé la cara, no uno que se esconda detrás de antiguos informes o declaraciones vacías”, afirmó. Maroto criticó también que el PP utilice los derechos de las mujeres como un “campo de batalla ideológica” y reclamó la anulación del acuerdo aprobado en septiembre.
“Campo de batalla ideológica”
Por su parte, Más Madrid cuestionó la seriedad de la convocatoria, destacando que programar un pleno un viernes pasado el mediodía parecía un intento de minimizar el impacto de un debate que ellos mismos consideran crítico. “Allí va a estar Más Madrid para defender los derechos conquistados por las mujeres”, señalaron fuentes del grupo, insistiendo en que la celebración de la sesión no amedrentará a los concejales de la formación.
Tanto Más Madrid como el PSOE han unido fuerzas para forzar la celebración del pleno extraordinario y buscan iniciar la revisión de oficio del acuerdo por posible nulidad conforme a la Ley 39/2015. Ambos grupos sostienen que “la difusión de un supuesto síndrome post aborto” genera “culpa y miedo” y “atenta contra la autonomía femenina”.
La polémica, además, saltó a la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, donde Vox insistió en iniciar “lo antes posible” la implementación de su iniciativa. Carla Toscano acusó al Gobierno municipal de no cumplir los acuerdos de la sesión plenaria, calificando a Almeida de “dictador” y “niño caprichoso” por no ejecutar la moción de inmediato. El delegado del ramo, José Fernández, respondió recordando que las mociones del pleno no tienen carácter normativo y que requieren un examen previo de legalidad, impacto presupuestario y oportunidad antes de su aplicación. Fernández añadió que el objetivo del equipo municipal no es “polemizar como hace la izquierda” y defendió que el Ayuntamiento actuará de acuerdo con la evidencia científica y el marco legal vigente.
El debate político alcanzó un nivel de confrontación marcado por fuertes acusaciones. La concejala de Más Madrid Carolina Elías criticó al PP por “fusionar su agenda con los postulados de Vox” e intentar implementar “la obligatoriedad de informar sobre un síndrome que no existe”. Por su parte, la edil socialista Meritxell Tizón denunció que la medida ponía en jaque a trabajadores municipales y vulneraba derechos de las mujeres, al tiempo que calificó de “narcisismo ideológico y moral” el intento de Vox de tutelar a las mujeres desde la política.
Martínez-Almeida, consciente de la confusión generada, ha defendido que la intención del pleno extraordinario es aclarar su postura: “No apoyamos la argumentación de Vox sobre el síndrome post aborto, pero sí entendemos que el aborto tiene consecuencias de las que las mujeres deben ser informadas, siempre de manera voluntaria y profesional”. El alcalde ha insistido en que el PP “no se identifica con parte del discurso de Vox” y que la información ofrecida será elaborada por profesionales del Ayuntamiento, descartando cualquier aplicación directa de la propuesta original de la formación de extrema derecha.
La polémica alcanzó dimensión nacional cuando el Gobierno de España anunció medidas para blindar el derecho al aborto en la Constitución. En respuesta a la controversia, el Ejecutivo prepara una reforma del artículo 43.3 de la Carta Magna para incluir de forma explícita la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, su aprobación definitiva se antoja difícil debido a la necesidad de tres quintos del Congreso y la oposición anunciada del PP.
La polémica también saltó a la Asamblea de Madrid, donde la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, rechazó cumplir con la ley que obliga a las comunidades autónomas a establecer un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en materia de aborto, calificándolo de "lista negra" y sugiriendo que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo busquen atención en otras regiones.
Sobre esta cuestión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido que la Comunidad de Madrid implemente el registro en un plazo de un mes, advirtiendo que, de no cumplirse, se recurrirá a los tribunales. García ha subrayado que el registro es anónimo y obligatorio según el Tribunal Constitucional, y que su objetivo es garantizar los derechos de las mujeres sin estigmatizar a los profesionales sanitarios. Además, ha recordado que ya existe un registro similar para la eutanasia en Madrid, lo que pone en evidencia la contradicción en la postura del Ejecutivo regional.
Por su parte, el Gobierno madrileño ha defendido que la creación del registro es innecesaria y que cada administración tiene el derecho a organizarse como considere. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, calificó la polémica como una "cortina de humo" y aseguró que la Comunidad de Madrid tiene tres meses para responder al requerimiento del Gobierno central. Sin embargo, la falta de una postura clara y unificada dentro del propio Gobierno regional ha generado incertidumbre y críticas por parte de la oposición.
La sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid, que se celebra este viernes, se perfila como un momento clave para despejar la polémica sobre un tema que ha enfrentado a partidos, al Consistorio, la Comunidad y al propio Gobierno central. Mientras Vox presiona para implementar su propuesta, Más Madrid y PSOE buscan revertir el acuerdo y garantizar que la información que reciban las mujeres esté basada en evidencia, no en ideologías partidistas.