La Comunidad de Madrid anunció el pasado mes de abril el inicio de los trámites para la reagrupación familiar en sus países de origen de hasta cuatro menores extranjeros no acompañados que habían sido previamente acogidos en la región. Una cifra a la que había que sumar "otro muchos" casos en fase de estudio y que, con el paso de las semanas, terminaría por incrementarse hasta alcanzar los 37 expedientes abiertos.
Entre los motivos expuestos para tal solicitud con destino La Moncloa -el competente en materia de Extranjería es el Gobierno central-, primar el "interés superior" y el "bienestar" de los jóvenes ante las "graves dificultades de adaptación" detectadas por los técnicos regionales. Sobre todo, apuntaban ya entonces desde el Ejecutivo autonómico, a tenor del elevado grado de "frustración" generado en torno a su nueva realidad como consecuencia del "engaño" y las "promesas incumplidas" por parte de las "mafias" responsables de su traslado inicial a territorio español.
En un encuentro con periodistas celebrado el martes la propia consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, responsable del ámbito, ha actualizado el número de requerimientos para la reagrupación familiar de menores extranjeros: hasta la fecha, un total de 56. Las casuísticas que motivan la situación, de todo pelaje. De graves consumos de drogas a trastornos psicológicos y emocionales ligados a la separación de sus seres queridos. También, claro, otros problemas de integración.
Por el momento, en cualquier caso, la resolución definitiva del más de medio centenar de casos en liza permanece en stand by. En silencio. Y es que aún no figura respuesta formal alguna por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid. Tampoco, claro, de su máximo responsable, Francisco Martín.
"Cada uno de los 56 expedientes tiene un menor detrás, con dificultades amplias y variadas a la hora de integrarse. Y eso es lo que técnicamente se ha constatado: que ha sido imposible su integración y que, por tanto, procede técnicamente la reunificación familiar de estos menores. Hemos trasladado al competente, la Delegación del Gobierno, y la respuesta de momento ha sido ninguna", ha expuesto la titular del ramo en declaraciones a los medios.
"Su integración ha sido imposible"
Las solicitudes vienen apoyadas por "criterios técnicos", tales como el contexto familiar en el país de procedencia o las circunstancias que rodean al joven en el presente, recogidos en diversos informes de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Preocupa especialmente a este respecto los posibles "contactos" con "mafias" dedicadas al "tráfico de personas" o "drogas", ya sea en el tránsito hacia España o tras su desembarco.
El procedimiento, en caso de recibir el 'ok', podría saldarse finalmente con el regreso de los menores a su contexto natal o, como alternativa, con un traslado de sus familiares más próximos a España. No obstante, el escenario más probable pasa porque el expediente no sea siquiera tenido en cuenta por Delegación.
La "repatriación" de los menores extranjeros no acompañados mediante convenios con sus países de origen es, precisamente, la solución propuesta por Vox. Actuación frente a la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso continúa marcando distancias al reiterar, por activa y por pasiva, que "no tenemos competencias" para tal fin.
Tal y como ha podido saber Madridiario, la Comunidad ha atendido en lo que va de año a cerca de 1.500 menores extranjeros. Tónica que refleja un número similar al del 2024. Así, los distintos centros regionales continúan, cuanto menos, tensionados, con una "sobreocupación" que ronda en la actualidad el 130 por ciento de las plazas previstas para un contexto cotidiano. En los picos más altos tal "saturación" ha llegado a cifrarse por encima del 150 por ciento.
Las amargas quejas de la Administración autonómica, que lleva "años solicitando medidas en origen" para poner freno o, en la medida de los posible, paliar el vigente "caos migratorio", se concentran ahora sobre el "reparto forzoso" pretendido por Pedro Sánchez. El último episodio de este particular tira y afloja en los tribunales ha sido protagonizado por 13 nuevos menores -cifra que a la postre ha sido elevada hasta los 17 por parte del portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín- que, tal y como establece la ley, ya han sido ubicados en diferentes puntos de acogida repartidos por toda la región.
"Ya se ha producido el reparto forzoso de 13 menores que han llegado en base a ese Real Decreto -el del reparto de la discordia-, que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por los servicios jurídicos de la Comunidad. También sus dos decretos de desarrollo ante el Tribunal Supremo (…). Se han iniciado ya por parte del Gobierno 124 expedientes de traslado. Todos ellos han sido alegados porque consideramos que son repartos forzosos que no han tenido en cuenta las circunstancias de las comunidades que tenemos ya los centros sobresaturados y colapsados. Ni siquiera las circunstancias del menor", ha lamentado Dávila al respecto.
En cualquier caso, ha matizado a renglón seguido la propia consejera, en torno al 30 por ciento de los 124 expedientes de traslado en marcha han sido ya desestimados por "pretender trasladar a mayores de edad", "a chicos que ya tenían un arraigo -laboral o familiar-" en otros territorios nacionales o "incluso expedientes que correspondían a diferentes comunidades autónomas". Todo, en definitiva, "un atropello" contra Madrid.