La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha recibido el respaldo del Defensor del Pueblo en relación con las denuncias presentadas por la entidad sobre las demoras injustificadas en la tramitación de los expedientes de valoración y revisión del grado de discapacidad en la región.
En un escrito remitido a Famma, la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, reconoce expresamente la gravedad de la situación, que afecta a miles de personas con discapacidad y a sus familias. El informe considera que estas demoras vulneran derechos fundamentales recogidos tanto en la Constitución como en la normativa vigente, entre ellas el Real Decreto 888/2022, que establece un plazo máximo de seis meses para resolver los expedientes.
El Defensor del Pueblo ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid, entre las que destacan incrementar el personal en los equipos multiprofesionales de valoración y crear nuevos si fuese necesario; aprobar de forma urgente el desarrollo normativo que regule la composición, funciones y procedimientos de dichos equipos; establecer criterios objetivos para priorizar los expedientes urgentes y garantizar su tramitación en los plazos legales; habilitar valoraciones telemáticas con plenas garantías y mejorar el acceso a la información clínica y social por parte de los equipos de valoración; así como expedir resoluciones provisionales en los casos de revisión de grado para no dejar desprotegidas a las personas durante la espera.
Además, el Defensor del Pueblo recuerda que la Comunidad de Madrid tiene la obligación legal de dictar y notificar las resoluciones en el plazo establecido, y subraya que ya ha reiterado esta exigencia en varias ocasiones a lo largo del año.
“Este pronunciamiento del Defensor del Pueblo es un respaldo inequívoco a nuestra denuncia y a la voz de los miles de personas que sufren los retrasos injustificados. Ahora exigimos a la Comunidad de Madrid que cumpla las recomendaciones y ponga en marcha medidas inmediatas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, ha valorado el presidente de Famma, Francisco Javier Font.
Esta organización incide en que la resolución del Defensor del Pueblo refuerza su postura y pone de manifiesto la urgencia de adoptar medidas concretas y eficaces para garantizar una atención digna, ágil y conforme a la ley. Desde la entidad se reclama una actuación inmediata por parte de la Administración regional para acabar con una situación que vulnera los derechos de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Consultadas por Madridiario, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la competente en la materia, achacan la problemática denunciada por Famma a la escasez generalizada de médicos que, dicen, azota a todo el país, retrasando en gran medida los procedimientos de valoración.
Así, la solución pasa, al menos en parte, por la próxima suscripción de un nuevo convenio con el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid a fin de brindar un apoyo adicional a los profesionales que desempeñan su labor en los centros regionales encargados del reconocimiento de la discapacidad.
En paralelo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció ya durante el pasado Debate del Estado de la Región su intención de abrir dos nuevos centros base. En concreto, estos se ubicarán en la Sierra Noroeste y la zona sur, ampliando así la red existente hasta los 12.
El objetivo de ambas iniciativas, dotadas con una inversión de 2,3 millones de euros, agilizar trámites administrativos y alcanzar la cifra redonda de 80.000 valoraciones anuales a partir de 2026.