La ordenanza ha fijado como meta alcanzar que el cinco por ciento de la flota de taxis de la capital sean eurotaxis, frente al 2,35 por ciento actual (366 de los 15.518 vehículos en servicio). Para ello, se ha establecido la creación de nuevas licencias específicas, que podrán ser de clasificación ambiental C, y se permitirá que estos vehículos trabajen siete días a la semana, mientras que el resto de la flota solo podrá hacerlo cinco. Además, los titulares de licencias de eurotaxi deberán realizar al menos 150 servicios de este tipo al año, con el fin de garantizar su disponibilidad real.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que la medida responde a “un mandato moral” más que legal y ha agradecido al sector del taxi “el esfuerzo realizado en la transición energética y la renovación de sus vehículos”. Ha recordado que el Ayuntamiento ha concedido 13,8 millones de euros en ayudas para la sustitución de 5.000 taxis en los últimos años y ha subrayado el papel del taxi como “actor principal en la movilidad, el turismo y la vida económica de la ciudad”.
La ordenanza también ha introducido cambios en el acceso a la profesión. Aunque se ha recogido la obligatoriedad del título de Educación Secundaria Obligatoria, se ha aprobado una enmienda transaccional que permitirá acreditar “conocimientos equivalentes”, a fin de no cerrar la puerta a aspirantes que carezcan del título oficial. Igualmente, se ha mantenido el sistema de licencia por puntos implantado en 2021, que a partir de ahora se aplicará al titular de la licencia y no al conductor.
Desde Vox, Ignacio Ansaldo ha considerado que el requisito de la ESO es “un muro de entrada” para muchos trabajadores, especialmente de generaciones marcadas por el abandono escolar o para inmigrantes que encuentran dificultades en la homologación de sus estudios. Ha cuestionado la obligación de los 150 servicios mínimos de eurotaxi y ha calificado el régimen sancionador de “despropósito”. Además, ha criticado la eliminación del examen de itinerarios y lo que ha denominado “privilegios” de los taxis eléctricos. “Apoye, cuide y proteja al taxi; hoy va a hacer lo contrario”, ha reprochado al delegado.
Ignacio Benito, del PSOE, ha acusado al PP de aplicar el “rodillo” en la tramitación de la norma, aprobada con urgencia y sin reuniones previas con su grupo. Ha lamentado que el texto “ni de lejos resuelve los problemas del sector” y ha denunciado la “pasividad flagrante” del Gobierno municipal ante el crecimiento de las VTC en la ciudad. Pese a todo, ha justificado la abstención del PSOE en las “mínimas mejoras” que incorpora el texto.
Por su parte, la edil de Más Madrid, Esther Gómez, ha acusado al Gobierno municipal de “permitir que Madrid sea una ciudad sin ley en la que las VTC campan a sus anchas” tras haber guardado en un cajón la propuesta de Carmena para regular este sector. Ha recordado que durante el mandato anterior se cumplía con holgura el cinco por ciento de eurotaxis -“con 580 vehículos adaptados y hasta 800 en reserva”- y ha lamentado que hoy apenas se superen los 350. Ha subrayado que la modificación llega “tarde y se queda corta” y ha recalcado que su grupo no puede apoyar “una ordenanza que no es la que necesita el taxi”.
En su réplica, Carabante ha defendido que con esta modificación el taxi madrileño será “más profesional, más sostenible y más accesible” y ha insistido en que el objetivo de alcanzar el cinco por ciento de eurotaxis “es compartido por todos”.
Con esta aprobación, la nueva ordenanza sustituye a la de 2012 y modifica la de 2021, con la intención de reforzar la calidad y la seguridad del servicio, aumentar la oferta de vehículos adaptados y mejorar la competitividad del sector frente a las VTC.