El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este viernes la independencia y solidez de la institución que dirige durante la apertura del año judicial celebrada en el Tribunal Supremo. En un discurso marcado por su "situación procesal", se ha mostrado "plenamente consciente" de las "singulares circunstancias" en las que interviene, pero ha recalcado que la Fiscalía "no sucumbe a los ataques de los delincuentes".
La intervención de García Ortiz ha estado rodeada de tensión. Mientras los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aplaudieron sus palabras, los conservadores se reservaron para la intervención de la presidenta del órgano, Isabel Perelló. Incluso la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, optó por no sumarse a los aplausos, un hecho inusual en este tipo de actos.
"Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí --en mi condición de fiscal general del Estado-- en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo", ha iniciado su discurso, recordando que comparece en un acto solemne presidido por el jefe del Estado.
El jefe del Ministerio Público se enfrenta a la posibilidad de ser juzgado por presunta revelación de secretos en relación con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ante las críticas, ha subrayado: "Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".
En este sentido, ha hecho "un humilde llamamiento" para "reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española" y al trabajo de los fiscales, reivindicando la institución como "fuerte, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley".
Durante la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía de 2024, García Ortiz ha respaldado las reformas impulsadas por el Gobierno para "fortalecer y modernizar la justicia española". Ha destacado la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, que trasladaría la dirección de las investigaciones penales a los fiscales, y ha reconocido que será necesario "establecer un sistema de contrapesos" que incluya, si es preciso, "restringir el poder del fiscal general del Estado".
El fiscal general también ha defendido la creación de dos nuevas unidades especializadas contra delitos económicos y contra la Administración Pública, subrayando que "la corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores".
Asimismo, ha puesto el foco en la inmigración ilegal y en la necesidad de proteger a los migrantes, en especial a los menores no acompañados. "La respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de todos nosotros hará el futuro", ha señalado, remarcando que "la dignidad del ser humano y el superior interés del menor son valores constitucionales que nos definen como sociedad democrática".