La Audiencia Provincial de Madrid ha sentado hoy en el banquillo a dos altos cargos de la administración madrileña por el derribo por error de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022. Se trata del jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, y del excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real entre 2021 y 2023, Markel Gorbea. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación y se enfrentan a una posible condena de diez años de inhabilitación.
Los hechos se remontan al verano de 2022, cuando fue demolida una vivienda que, según la Fiscalía y testigos, estaba habitada. El juez del caso subraya que la demolición se ejecutó sin una orden judicial firme y pese a que el propietario había recurrido el expediente administrativo abierto para cesar el uso de la vivienda. Aun así, el Ayuntamiento procedió con la demolición tras recibir un informe del comisionado que aseguraba, sin pruebas, que la vivienda estaba abandonada.
En su declaración, Julio César Santos descargó la responsabilidad sobre Gorbea, asegurando que fue él quien les informó por correo electrónico de que la casa estaba deshabitada. "El comisionado nos avisó de que había viviendas vacías en riesgo de ser okupadas", dijo Santos, añadiendo que la Comunidad de Madrid, como propietaria de los terrenos, era quien lideraba las actuaciones.
Por su parte, Gorbea defendió que su papel era meramente de coordinación y que no tenía competencias ejecutivas. Explicó que se hicieron visitas sobre el terreno y que, al no detectar presencia alguna, comunicaron al Ayuntamiento que la vivienda estaba vacía. "No pedimos una orden de demolición", puntualizó.
Sin embargo, un vecino de la zona contradijo esta versión, asegurando que la casa estaba claramente habitada y que llegó a advertirlo a los responsables el mismo día del derribo. Según relató el propietario afectado, se encontraba de vacaciones en Marruecos cuando se produjo el derribo. Vivía en esa vivienda desde 2006 y había presentado alegaciones contra el expediente de demolición tan solo semanas antes.
Según la acusación, el Ayuntamiento actuó con una "resolución arbitraria" al ordenar la demolición apenas cinco días después del informe del supuesto abandono y sin realizar ninguna comprobación. Los fiscales y la plataforma CAES, que ha denunciado los hechos, sostienen que la demolición formaría parte de una estrategia de presión inmobiliaria para desalojar a los vecinos de la Cañada Real, en el marco del desarrollo urbanístico del sureste madrileño.
En este contexto, el derribo se ejecutó sin comprobar ni la presencia del propietario ni el estado real de la vivienda, ignorando recursos administrativos, pertenencias visibles y las advertencias de vecinos. La causa judicial sigue su curso mientras el afectado continúa fuera de su hogar.