La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que intervenga para que la incineradora de Valdemingómez "cese su actividad hasta resolver sus irregularidades detectadas en su funcionamiento".
En este sentido, ha presentado este miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que pide su intervención para que se detenga su actividad porque "está en juego la salud de la población, en especial de aquella que reside a menos de 10 kilómetros de la incineradora, la más expuesta a sus emisiones tóxicas", ha informado la FRAVM.
Las asociaciones vecinales han solicitado el respaldo de Gabilondo por “el retraso” en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de la incineración de residuos que "desde diciembre de 2023 exige la Unión Europea".
"Existen evidencias de que la incineradora de Valdemingómez no ha adaptado plenamente sus instalaciones ni sus procedimientos a los valores límite de emisión ni a las condiciones operativas exigidas por una norma clave, la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2010 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019", ha señalado.
A su parecer, este hecho "supone una vulneración los principios de prevención y de cautela", así como del derecho de los ciudadanos a la protección de su salud y a un medioambiente sano, conforme al artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por ello, la FRAVM ha reclamado "una actuación inmediata" de las instituciones competencias de la UE, de España y de Madrid para "garantizar la aplicación uniforme de la normativa europea y prevenir un posible caso de infracción sistemática y continuada de la legislación ambiental comunitaria y española por parte de las autoridades madrileñas".
En su escrito, han destacado hasta nueve irregularidades que justificarían el cierre inmediato de la planta de Las Lomas, entre ellas que "la Comunidad no ha emitido aún una autorización ambiental integrada (AAI) para la incineradora basada en la Decisión de Ejecución de la año y medio después del límite establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2016".
"El Gobierno regional publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 5 de marzo de 2024, cuatro meses después del vencimiento del plazo oficial de revisión de la AAI, un anuncio para someter a información pública la documentación de esta revisión, un retraso que la FRAVM denunció en sus alegaciones y que fue clave para que la revisión de la AAI no prosperara", han recordado.
Asimismo, los vecinos señalaron que en la documentación que la Comunidad de Madrid hizo pública durante el proceso de revisión de la autorización ambiental integrada "hay datos que señalan que la instalación no ha incorporado las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) que impone la UE, como un sistema de gestión ambiental adecuado, que incluye un también inexistente Plan de Gestión de Accidentes".
"La planta incumpliría el Reglamento de Emisiones Industriales, pues en esa documentación no se incluyó la comparación del resultado de las emisiones con los niveles de emisión asociados a las MTD ni se documentaban todas las características de la monitorización en continuo de la emisión de dioxinas, furanos y PCB similares", han indicado.
Otras “irregularidades” tienen que ver con “la ausencia” de un Certificado de Eficiencia Energética reglamentario en la revisión de la AAI y con el hecho de que la incineradora de Valdemingómez "funcionó casi dos años sin contrato con el beneplácito del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid".
"Diversos estudios científicos han corroborado la peligrosidad de la vieja incineradora para la salud de la población y el medio ambiente, pero, aun así, el Ayuntamiento planea prolongar su vida 15 años más, para beneficio de las empresas concesionarias", han reprochado las asociaciones vecinales.
Del mismo modo, la FRAVM ha comunicado al Defensor del Pueblo que "todo lo relativo a la incineradora de la planta de Las Lomas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez disfruta de un tratamiento oficial privilegiado o favorable para las empresas que la explotan, en detrimento de la protección de la seguridad de las personas que viven en el entorno de la Incineradora y del medioambiente".
Hasta le fecha, los colectivos vecinales y ecologistas han organizado tres movilizaciones en la calle, además de otras acciones de protesta y sensibilización para exigir el cierre de la instalación en 2025. Han subrayado que "no van a parar hasta lograr su histórico anhelo, para lo cual usarán todos los medios que tienen a su alcance".