Miles y miles de vehículos de transporte con conductor, conocidos por las siglas VTC, circulan a diario a lo largo y ancho de la región. Lo hacen bajo el paraguas de grandes compañías como Uber, Cabify o Bolt. También con el respaldo del Ejecutivo autonómico que, a través de la última modificación normativa, ha decidido impulsar su regulación a fin de mejorar el servicio y la seguridad de sus clientes. Se trata, en definitiva, de un complemento al taxi tradicional y que viene a aliarse con el resto de modalidades de transporte público, tales como el Metro o las líneas de autobuses urbanos e interurbanos, para incrementar la oferta disponible.
Una alternativa, sin embargo, de la que no todos los ciudadanos se estarían beneficiando por igual. Al menos así lo vienen denunciando desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), para quien tanto el Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso como las propias empresas continúan "mirando hacia otro lado" en materia de accesibilidad. O lo que es igual, en cuanto a la adaptación de vehículos para usuarios con movilidad reducida. Una "inacción" que deriva en una "vulneración directa" de lo establecido en el Reglamento de Transportes regional. Es, en último término, una "exclusión sistemática" en un "servicio público encubierto".
"La inaccesibilidad de las VTC no es casual, es estructural. Entre la falta de voluntad de las plataformas y la falta de coraje político del Gobierno regional, se mantiene un sistema excluyente que discrimina sin consecuencias. Es una vergüenza", lamenta el presidente de Famma, Javier Font, en conversaciones con Madridiario. Y es que, defiende a renglón seguido este representante ciudadano, "la accesibilidad no es un favor ni una mejora opcional", sino "un derecho reconocido por ley", de modo que "su incumplimiento debe tener consecuencias".
La solución pasaría así, al menos a ojos de Famma, por la "incorporación inmediata" de más vehículos adaptados a las flotas VTC. Algo, no obstante, inviable en caso de prolongarse en el tiempo la "absoluta pasividad" de la Administración madrileña y, en especial, de su consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, "a la hora de garantizar los derechos de las personas con discapacidad".
"En pleno 2025, ni las plataformas tecnológicas de transporte, ni la administración autonómica han tomado medidas eficaces para asegurar la accesibilidad universal en los servicios de vehículos con conductor. Esta situación constituye una violación flagrante de nuestros derechos fundamentales, así como del Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano e Interurbano de la Comunidad de Madrid", argumentan en un comunicado remitido a este digital.
En concreto, en Famma hacen referencia al artículo 63 del citado texto. Este establece que todos los servicios de transporte público deben ser accesibles y que la Administración velará porque los servicios de transporte que autoriza no discriminen a ningún colectivo. "Las VTC no son taxis, pero prestan un servicio público de facto. Y como tal, deben cumplir las mismas obligaciones en materia de accesibilidad. El reglamento autonómico es muy claro. Lo que falta es aplicarlo y hacerlo cumplir" explica, indignado, el propio Font.
Entre las medidas propuestas a fin de paliar esta situación figuran la regulación obligatoria para que todas las plataformas cuenten con un porcentaje mínimo de vehículos adaptados, "en línea con las necesidades reales de la población con movilidad reducida", o la obligación de que las apps indiquen con transparencia la disponibilidad de vehículos accesibles, aportando "información veraz sobre tiempos de espera". También la apuesta por una formación específica de los conductores para la correcta atención a personas con discapacidad y el endurecimiento de las sanciones a las plataformas y operadores que incumplan la normativa de accesibilidad.
"La Comunidad de Madrid es la autoridad competente en materia de ordenación del transporte urbano e interurbano, incluidas las licencias y la regulación de las VTC. Sin embargo, ha permitido que estas plataformas operen sin una sola exigencia en términos de accesibilidad, ignorando tanto la normativa autonómica como la estatal y los compromisos internacionales suscritos por España. El consejero tiene la llave para cambiar esto. Pero si no hay voluntad política, las plataformas seguirán funcionando sin asumir su parte. No podemos permitirnos más parálisis", sentencia Font.
Pese a los intentos de Madridiario, no ha sido posible obtener respuesta o valoración alguna por parte de las plataformas Uber y Bolt. Por su lado, Cabify ha querido poner de manifiesto la puesta en marcha de una nueva modalidad bautizada como 'Cabify Access' a fin de paliar esta problemática. Se trata, en síntesis, de una categoría "pionera" en el sector de las VTCs para el uso exclusivo por parte de usuarios con sillas de ruedas. El servicio, que aspira a transportar hasta cinco pasajeros en total -una persona en silla de ruedas y otros cuatro acompañantes- "con la máxima seguridad y atención personalizada", ya se puede solicitar bajo reserva en las ciudades de Madrid y Sevilla. Es, garantizan, el paso previo a su ampliación hacia otras grandes ciudades del país.
Asimismo, desde Cabify destacan su "compromiso permanente" con la "accesibilidad universal". Una máxima que se traduce en la incorporación de hasta 50 furgonetas adaptadas Mercedes EQV 300 a su flota de la capital. A lo largo del presente curso, concluyen desde la propia compañía, se pretenden incorporar otras 160 adicionales.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó en enero de 2024 el primer Reglamento de VTC regional con el objetivo de "dotar de seguridad jurídica a empresas" y "mayor calidad a los usuarios". Entre las principales novedades que trajo consigo el nuevo texto, la prohibición de que los precios superen el 75 por ciento de la media del coste ordinario de un viaje en episodios de alta demanda, como podría ser a la salida de un concierto o un festival, la inclusión de una nueva modalidad de viajes compartidos, la realización de pruebas de conocimientos teóricos a los conductores, la retirada del servicio de aquellos vehículos cuya antigüedad supere los diez años o la imposibilidad de recoger clientes de manera activa en la vía pública.
En cuanto a la accesibilidad, la normativa establece que las empresas con diez o más autorizaciones deben garantizar que los nuevos vehículos puestos a disposición de los usuarios sean adaptados para personas en silla de ruedas. Es precisamente el incumplimiento prolongado de este epígrafe de lo que ahora alertan con suma preocupación desde Famma.