La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la Comunidad de Madrid, Famma-Cocemfe Madrid ha puesto de manifiesto el abandono institucional que padecen más de 222.000 personas con discapacidad en la región. Este problema es resultado de la total desatención por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ante la crisis del Eurotaxi.
La falta de acción y comunicación del consejero Jorge Rodrigo Domínguez durante cuatro meses se vuelve intolerable, ya que no se ha implementado ninguna medida efectiva para restablecer un servicio fundamental que favorece la movilidad y la inclusión social de miles de ciudadanos. En este contexto, el colectivo continúa lidiando con un sistema colapsado, carente de alternativas y sin las mínimas garantías de transporte accesible.
La situación resulta insostenible, ya que únicamente se cuenta con el 1,5% de la flota total, muy por debajo del mínimo del 5% establecido por la normativa. Esto representa un déficit del 70% en relación al umbral mínimo requerido, dejando a miles de personas con movilidad reducida sin una opción real de transporte accesible. Aún más preocupante es que la Comunidad de Madrid carece de datos oficiales sobre cuántos vehículos de VTC deberían estar adaptados, tal como exige el reglamento actual de transportes, así como sobre cuántos están efectivamente en circulación.
El caos se origina en la inacción deliberada de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que no supervisa ni regula a las emisoras de taxi ni a las plataformas digitales que operan con VTC. La falta de control sobre su funcionamiento es evidente, ya que no existe normativa que asegure la accesibilidad, tampoco se realizan inspecciones para verificar la calidad del servicio y, por supuesto, no se aplican sanciones ante incumplimientos.
Sin control, no existen garantías, y sin regulación, el control es imposible. Un servicio público esencial ha sido entregado a los intereses del libre mercado por parte de la administración regional. Esta falta absoluta de gobernanza ha transformado el transporte accesible en Madrid en un mero espejismo: carecemos de previsiones, ayudas y datos confiables, y lo más preocupante es la ausencia de voluntad política. Las personas con discapacidad han quedado desamparadas en su movilidad.
La organización empresarial del sector, Unauto, ha afirmado que “hay vehículos VTC adaptados”, aunque no ha proporcionado cifras ni garantías sobre su operatividad. Por su parte, Famma tiene conocimiento de la existencia de estos vehículos, pero también ha observado que no están ofreciendo servicio a personas con movilidad reducida.
La Consejería de Transportes ha mostrado una total falta de acción al no regular ni supervisar las plataformas que gestionan los taxis (emisoras) ni a las grandes empresas de VTC. Esta situación permite que dichas compañías operen con completa opacidad e impunidad, sin enfrentar exigencias técnicas, funcionales o sociales. Además, las inspecciones que se realizan son escasas y superficiales, resultando completamente insuficientes para asegurar un servicio digno y accesible.
“Resulta escandaloso que la Comunidad de Madrid, en pleno 2025, continúe comportándose como si la discapacidad no existiera. Falta voluntad política, planificación y respeto. Es puro cinismo hablar de inclusión mientras se ignora a este colectivo”, denuncia Javier Font, presidente de Famma.
El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado sensibilidad y compromiso al implementar medidas para cambiar esta situación; sin embargo, la falta de apoyo por parte de la Comunidad de Madrid impedirá que se encuentre una solución. Desde Famma, se valora y agradece este esfuerzo del municipio, lo cual resalta la inacción a nivel autonómico.
La Consejería de Transportes debe llevar a cabo una actuación inmediata y contundente, según lo exige FAMMA-Cocemfe Madrid, que actúa como la principal representante del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica en la región. Se trata de una cuestión de derechos humanos, no de preferencias políticas.