Un nuevo modelo de financiación plurianual basado en "objetivos" para que "ninguna universidad salga perdiendo", un distrito único de prácticas que permita que ningún estudiante "se quede sin plaza", la unificación "pionera" de las enseñanzas superiores y, por supuesto, una apuesta en firme por la colaboración público-privada. Todo frente al "muro ideológico", la "lucha de clases", la "ingeniería social" y la pretendida "división -cuando no enfrentamiento- entre lo público y lo privado" alentada por Pedro Sánchez y sus ministros.
La futura Ley madrileña de Universidades, cuya aprobación definitiva se mantiene prevista para el próximo mes de diciembre, continúa dando pasos hacia adelante mientras desde el Ejecutivo autonómico se avanzan ya "alegaciones" -todo apunta hacia un recurso de inconstitucionalidad- frente al decreto del Gobierno central que aspira a endurecer los requisitos de reconocimiento y cerrar así aquellas universidades privadas tildadas de "chiringuitos". En palabras de la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, todo un "atentado contra la Constitución" y la "seguridad jurídica" que "niega la libertad educativa" y "echa por tierra el esfuerzo y el trabajo de tantas familias y alumnos que eligen libremente la privada para formarse". Por ende, ha aseverado, "vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance" para ponerle freno.
La semana política en la Comunidad de Madrid arranca, como de costumbre, con fuerza. En esta ocasión, de la mano de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el emblemático Four Seasons de la capital que ha dado la oportunidad a Díaz Ayuso de hablar, largo y tendido, sobre su perspectiva en torno a los "retos y desafíos" que afrontan las enseñanzas superiores en la región. O lo que es igual, describir los principios básicos que regirán su futura LESUC y oponerla, en paralelo, al modelo educativo de Sánchez y su guerra declarada a las privadas. Un proyecto, ha asegurado, regido por la "lucha de clases" y la "pura ingeniería social". Para muestra, sin ir más lejos, el "disparate" que supone "cotizar por formarse".
Entre las líneas maestra de la próxima ley regional Ayuso ha destacado un nuevo sistema de financiación plurianual, revisable cada lustro y dividido en tres niveles. Por un lado, una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus. Por otro, fondos propios para necesidades singulares que permitirá, entre otros asuntos, la rehabilitación de edificios. Y finalmente, una financiación adicional por la consecución de distintos objetivos como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o las pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria.
De forma complementaria, se incrementará la "autonomía" de los centros para proporcionarles "nuevas herramientas de financiación". Entre ellas, la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.
Otras de las novedades de la futura norma pasan por la reducción de carga burocrática para el personal investigador, el reconocimiento de las acreditaciones de profesores procedentes de otras autonomías, la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos para el alumnado tras la realización de actividades de voluntariado o el acceso de estudiantes y docentes de Formación Profesional superior a convocatorias propias de investigación. También el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y un marcol legal que garantice su calidad, o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres y cátedras que ofertan son o no oficiales.
Se tratará asimismo de unificar "de forma pionera" todas las enseñanzas superiores, incluyendo las universidades y la investigación científica, la Formación Profesional superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas y las escuelas de negocios. Entre las medidas encaminadas a tal fin destaca la creación de un distrito único de prácticas mediante una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados y la puesta a disposición de una aplicación informática propia.
Por último, la Ley apuesta por proteger los grados de Humanidades frente a la "baja demanda" y fomentar la lengua española en el ámbito universitario con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier otro estudiante europeo o la exigencia de un mínimo nivel de español homologado por el Instituto Cervantes, a excepción, claro, de aquellas titulaciones que ya se imparten de forma íntegra en otro idioma.
Las palabras de la presidenta no han pasado desapercibidas en el seno de una oposición reunida esta mañana en la Junta semanal de Portavoces de la Asamblea de Vallecas. Mientras los grupos progresistas, Más Madrid y PSOE-M, como cabía prever, han cargado con dureza contra sus declaraciones, en Vox apoyan el recurso avanzado contra el decreto para el reconocimiento de universidades privadas de Pedro Sánchez aunque, lamentan, este guarde "escasa viabilidad jurídica".
En concreto, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado la "opacidad total" en la elaboración del texto, al tiempo que ha reprochado los "anuncios sin detalle" lanzados este lunes por Díaz Ayuso. Considera así que el fin último no es otro que "dejar morir de inanición a las universidades públicas madrileñas". Razonamiento muy similar al expuesto por su homóloga socialista, Mar Espinar, para quien la raíz de la actual problemática en el ámbito universitario no se hunde en la supuesta "falta de ilusión" o en la "endogamia" hacia la que apunta la presidenta, sino en la "falta de financiación".
"Por supuesto, siempre que el Partido Popular haga una oposición frontal al Gobierno de Sánchez, nosotros lo apoyaremos. Por eso apoyamos la decisión de la señora Ayuso de recurrir esta nefasta ley que ataca la libertad, la propiedad privada, todos los derechos y libertades... Estaremos aquí para apoyar ese recurso", ha lanzado, por su lado, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, si bien vaticina "escasa viabilidad jurídica" al estar el Tribunal Constitucional liderado todavía por Cándido Conde-Pumpido.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno central “va a hacer frente” a esta futura ley que está desarrollando la Comunidad de Madrid.
"Yo no voy a hacer como ella, no voy a decir que voy a recurrir algo que todavía no está escrito, pero le adelanto que el Gobierno de España también le va a hacer frente a su nueva Ley de Universidades. Ayuso hoy ha presentado su ayusazo, que es un tijeretazo en toda regla a la universidad pública", ha destacado Morant.
Por otro lado, Morant ha acusado a Ayuso de tener "un plan cada vez menos oculto de privatización de la universidad en la Comunidad de Madrid". "Con esa asfixia generalizada que lleva la universidad pública aquí en la Comunidad de Madrid, lo único que está haciendo a las claras es privatizar el sistema".
"Por una parte, machacando el sistema con una infrafinanciación y, por otra parte, pues abriendo las puertas a las universidades privadas. Para que la gente lo sepa, hay seis universidades públicas en la Comunidad de Madrid y trece universidades privadas", ha recalcado la ministra.