La Policía Municipal ha desmantelado una clínica dental clandestina ubicada en la calle San Luciano, en el distrito de Villaverde, y ha detenido al presunto odontólogo que la regentaba, acusado de los delitos de intrusismo profesional, estafa y violación de la legislación sanitaria, y a su cómplice.
Una denuncia formal del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid dio inicio a la investigación en el mes de noviembre. Señalaba la existencia de un establecimiento abierto al público donde supuestamente se llevaban a cabo tratamientos protésicos y procedimientos propios de la odontología sin contar con la cualificación necesaria.
Ubicado en la calle San Luciano, el establecimiento promovía sus servicios de manera activa en redes sociales y disfrutaba de una clientela considerable. Varios pacientes, quienes afirmaron haber recibido atención de un supuesto dentista, reportaron lesiones, lo que intensificó las sospechas de estafa y negligencia profesional.
Las vigilancias previas permitieron a los agentes verificar que había una actividad sanitaria irregular. En el mismo inmueble, un local estaba vinculado a una vivienda donde la inquilina, quien posteriormente fue detenida, obstaculizó el acceso de la Policía. Como resultado, se requirió una orden judicial para llevar a cabo el registro.
Durante el operativo realizado el 20 de marzo, los agentes encontraron en el interior del local restos biológicos, instrumental quirúrgico, agujas usadas y residuos médicos que no se gestionaban de acuerdo con la normativa sanitaria y ambiental. Esta situación ponía en evidencia un riesgo para la salud pública. Asimismo, se constató que el espacio no estaba preparado como un centro sanitario y carecía de las mínimas condiciones de salubridad.
El principal detenido, de origen sudamericano, confesó que había ejercido como odontólogo sin contar con la debida habilitación legal y aceptó que enfrentaba juicios pendientes por situaciones similares.
La segunda persona arrestada, originaria también de Sudamérica, se encargaba de la atención a los pacientes y vivía en España sin la documentación adecuada, lo que podría dar lugar a acciones por violación de la Ley de Extranjería.
La clínica ya había recibido múltiples denuncias administrativas debido a su funcionamiento sin licencia, la falta de registro como centro sanitario y la ausencia de cobertura de responsabilidad civil. La investigación sigue en curso bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.