La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha asegurado este lunes ante el juez que "nunca" tuvo acceso al documento policial que PSOE y la Fiscalía la acusan de haber filtrado. Además, ha subrayado que "en ninguno de los momentos" fue ella quien debía custodiarlo, mientras su abogado ha señalado la posible implicación de la Policía Nacional y la Policía Local en la gestión de dichos documentos.
Piquet y el jefe de prensa del Consistorio complutense han comparecido ante el juez de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares en calidad de investigados debido a la supuesta comisión de un delito relacionado con la infidelidad en la custodia de documentos. Después de sus comparecencias, la defensa de los investigados ha indicado que se solicitarán nuevas declaraciones y pruebas, en particular de los agentes que accedieron a los documentos.
Se relaciona el procedimiento con la presunta filtración de dos denuncias sobre agresiones sexuales que involucraron a migrantes. Además, también han sido interrogados como testigos el exjefe de la Policía Local de Alcalá y otros dos agentes locales.
Una vez finalizadas las declaraciones, la regidora expresó a los medios su deseo de presentarse para relatar "la verdad de todo lo que ha ocurrido". "Nunca he tenido acceso a un documento policial, ni a ningún documento oficial o no oficial, y quien debía custodiar ese documento no era yo en ningún momento", ha afirmado al tiempo que ha expresado su confianza "plena" en la Justicia y en que quien haya filtrado el documento relacionado con el procedimiento judicial "responda" por sus acciones.
El letrado de la defensa José Javier Vasallo ha señalado que el proceso se encuentra "guiado, guionizado y construido con un claro motivo y un claro afán económico por parte de terceros que lo están utilizando, por un lado a manera de defensa y por otro lado, de forma contundente para reclamar lo que es tema oportuno en otros procedimientos", refiriéndose a varios litigios laborales del exjefe de la Policía local con el Ayuntamiento.
"Nosotros somos los primeros interesados, la alcaldesa igual, en dilucidar todas las presuntas responsabilidades a las que pudieran incurrir cuerpos de Policía Nacional que han tenido acceso y se le han entregado esos documentos", ha subrayado.
El abogado ha indicado que el "jefe de todo", refiriéndose al excomisario de la Policía Local, "era el que tenía que custodiar y el que tendría que informar". No obstante, según su declaración, "no ha hecho ninguna denuncia al respecto a pesar de haber manifestado que sabía que se había cometido determinados delitos".
"Son muchas incógnitas las que queremos despejar a lo largo del procedimiento", ha insistido el letrado, quien ha avanzado que van a solicitar declaraciones y que vengan "todas las partes que hayan tenido acceso a todo eso".
La polémica surgió hace un año cuando la alcaldesa de Alcalá afirmó en varias intervenciones que había dos denuncias por agresión sexual sin un autor identificado, mencionando que el responsable era "un varón negro y joven".
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, visitó esta localidad para celebrar el Consejo de Gobierno y brindar apoyo a la alcaldesa tras los graves altercados que se produjeron entre migrantes trasladados por el Ejecutivo central desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), situado en el acuartelamiento Primo de Rivera.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta afirmó que "varias reyertas graves" habían ocurrido en el cuartel Primo de Rivera, donde se encuentran los migrantes. Además, destacó que, según las denuncias recibidas, ha habido "agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio".
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, respondió a estas afirmaciones negando, horas más tarde, que hubiera ocurrido alguna agresión sexual por parte de migrantes y calificó de "extrema gravedad mezclar migración con inseguridad".
"Lo que dijo la presidenta no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva ni con la subjetiva. Son dañinos, generan alarma y van en contra de la convivencia. No están acreditados por los datos", remarcó Martín.
En medio de la polémica, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, hizo público en su cuenta de X el informe de incidencia de la Policía Local de Alcalá, que se refería a uno de los dos casos denunciados y mencionaba un intento de agresión.
En relación con este tema, Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea, ha afirmado esta mañana que "no existe ninguna filtración" y que "no existe ninguna responsabilidad" por parte de la alcaldesa. Según él, el PSOE no ha sido "capaz de asumir" que la 'popular' ganó en 2023 y le quitó el Consistorio al socialista Javier Rodríguez Palacios.
"Estamos confiados absolutamente de que quedará demostrado en los tribunales. Tenemos plena confianza de que esto va a ser así desde luego el exalcalde socialista podría trabajar un poquito más por Alcalá y dejar de enredar en los tribunales por aquellas cosas que no tienen ningún sentido", ha lanzado Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.
El portavoz del PSOE en la Asamblea, Jesús Celada, ha solicitado aclarar cómo una información que está "en manos de la Policía Nacional cae en manos de Serrano". Además, ha insinuado que se tiene conocimiento de los "antecedentes del uso de la policía por el PP" y ha señalado que "no es el primer caso", ya que hay "experiencia" en "espionajes y falsear datos".
Desde Más Madrid, la portavoz en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, ha señalado que se está verificando la existencia de "filtraciones que se investigan como asuntos de Estado y otras que siempre quedan impunes".
"Lo más lamentable de este caso es que Ayuso se inventara un bulo para instigar el racismo. Esta es la irresponsabilidad del Gobierno de la señora Ayuso en fomentar desde las instituciones los discursos de odio que ya sabemos que acaba en violencia siempre sobre los más vulnerable", ha reprochado. Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha manifestado su confianza en la Justicia.