El juicio relacionado con la demanda colectiva presentada por los sindicatos de la Sanidad Pública de Madrid contra la Consejería de Sanidad debido a la falta de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, ha sido aplazado al 10 de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad --Amyts-SAE-SIETeSS, CCOO, UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF--, junto con la plataforma APSeMueve, compuesta por médicos y pediatras del primer nivel asistencial, interpusieron una demanda de conflicto colectivo.
Según han informado a Europa Press fuentes de la representación legal de estas organizaciones, existe un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid para comunicar a los sindicatos la próxima semana la fecha en la que convocará al Comité de Seguridad y Salud. En el caso de que estas reuniones lleven a buen puerto hasta la fecha fijada del juicio, han indicado, se verá si se mantiene la petición de la demanda.
La demanda colectiva solicita una compensación de 5 millones de euros, además de 100.000 euros por cada día que se retrase su cumplimiento, debido a la violación de derechos fundamentales ocasionada por la falta de este plan.
El escrito menciona la "desprotección" de los 15.000 profesionales de Atención Primaria (AP) por la falta de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y señala el "grave y reiterado" incumplimiento de la ley de 1995 que les exige implementar dicho plan.
Los demandantes advirtieron de que se han obtenido más de un centenar de sentencias condenatorias en diversas vías judiciales y abarcando distintas cuantías indemnizatorias contra la administración. Estas resoluciones respaldan su posición en este asunto desde el inicio de los pleitos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estableció un criterio en relación con el caso de un médico a quien se le otorgó una indemnización de 8.000 euros. El alto tribunal determinó que "la omisión de la prevención de la salud" por parte del personal sanitario "no es cualquier infracción", sino que constituye un "incumplimiento muy grave", lo cual puede implicar una violación del derecho fundamental a la integridad física.
La administración tendría que hacer frente a una indemnización que oscilaría entre 120 y 180 millones de euros, si entre 15.000 y 16.000 profesionales de Atención Primaria decidieran presentar demandas individuales, considerando el límite máximo de 8.000 euros. Hasta ahora, los equipos jurídicos de estos colectivos han informado que hay más de mil reclamaciones en proceso.