Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha acudido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para pedir la ejecución provisional del fallo que este mismo tribunal emitió, por el que se anulaban las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Esta acción busca prevenir "multas diarias de entre 300 y 600 euros" y responde a la maniobra "dilatoria" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien intenta "ganar uno, dos, tres, cuatro años hasta que resuelva el Supremo".
Ortega Smith ha elogiado la resolución del 17 de septiembre, que consistió en la anulación de las ZBE gracias a un recurso interpuesto por Vox que señalaba una "insuficiencia" en el informe de impacto económico en la ordenanza municipal de Movilidad Sostenible. El grupo municipal Vox respalda esta postura, "pero desgraciadamente el alcalde no quiere cumplirla", afirma el concejal.
El portavoz de Vox ha cargado contra el recurso presentado ante el Supremo por el Gobierno municipal, calificándolo de "absolutamente dilatorio" y añadiendo que es aún más cuestionable "cuando el alcalde sabe perfectamente que no lo van a estimar, que no tiene ninguna razón". Según él, la sentencia emitida por el TSJM "se basa en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo".
"Pero él recurre de manera dilatoria para ganar uno, dos, tres, cuatro años hasta que resuelva el Tribunal Supremo y, mientras tanto, su terrible maquinaria de recaudación sigue avanzando, sigue prohibiendo circular, sigue coartando las libertades y sigue recaudando dinero y perjudicando a los más vulnerables", ha lamentado el líder municipal de Vox, una situación en la que se vería afectado "uno de cada tres vehículos de España, esos 12 millones de vehículos que no tienen etiqueta ambiental, que suponen el 32% del parque móvil y que no podrán entrar en la capital" a partir del próximo 1 de enero.
"Hay un plazo perentorio que está ahí, que amenaza, que es el 1 de enero", ha subrayado Ortega Smith. "Si el 1 de enero no se ha parado, hay muchas personas que recibirían entre 300 y 600 euros de multa todos los días. Es inviable. No hay una persona que pueda pagar eso para venir a trabajar o para venir al médico o para venir a ver a su familia", ha advertido.
Ortega Smith ha señalado que el fallo del TSJM indicaba que la ordenanza aprobada por el equipo de Almeida, respaldado por el entonces Grupo Mixto, formado por concejales escindidos de Más Madrid, se había implementado "sin la más mínima previsión de los terribles efectos económicos que iba a suponer a la economía de millones de madrileños y españoles".
"Era una ordenanza absolutamente desproporcionada, que no daba ninguna alternativa, que no entendía la necesidad de una justa transición para que aquel que no tenía recursos a lo largo de los años para ir cambiando su vehículo y que especialmente hacía un terrible daño en la economía de los más vulnerables", ha argumentado, en referencia a "los autónomos o las personas con menores recursos, a las que esta ordenanza directamente priva no solo de su libertad, sino también de su modus vivendi".
Javier Ortega Smith ha enfatizado el rechazo de su partido a esta "situación intolerable" y ha dejado claro que no se quedarán "de brazos cruzados". Aunque "tengan que ir solos hasta el final", consideran que "es un daño terrible a las economías, irreparable". Según él, "muchas empresas tendrán que cerrar, y muchas personas no van a poder continuar con su vida como hasta ahora e incluso van a tener que cambiar su lugar de residencia y de trabajo".
Vox ha decidido interponer una demanda de ejecución provisional de sentencia ante el TSJM con el objetivo de "hacerla cumplir al alcalde de Madrid". Esta acción se ha llevado a cabo pensando "en transportistas, autónomos, en el transporte de personas, en el transporte de mercancías y, sobre todo, en esos miles y miles de madrileños" porque "400.000 empadronados en Madrid no van a poder circular con su vehículo y otros 438.000 que viven en el entorno de la capital y que vienen a trabajar todos los días también el 1 de enero podrían ver cerradas las puertas".
Desde Vox presentan la demanda "por justicia, por sentido común y por responsabilidad". Además, ha criticado al alcalde por "seguir coartando libertades bajo una excusa que ya se ha demostrado en los informes periciales que es falsa, porque la calidad del aire en Madrid es muy buena y no se necesitan ni las multas ni las restricciones".
Si logra obtener el respaldo del TSJM, Vox conseguiría "paralizar todas las restricciones y las multas que suponen esta ordenanza de inmovilidad, de recaudación de multas". Sin embargo, desde el partido no han podido determinar cuánto tiempo tardaría en responder el Tribunal Superior.
"El plazo que tiene el Tribunal es el que le da la capacidad de trabajo y de los asuntos que tenga adelante. Hay otras ejecuciones provisionales que tienen que resolver y va a depender del número de asuntos que tenga. Esperamos que sea un plazo breve, sobre todo porque hay un plazo perentorio, el 1 de enero", ha insistido Ortega Smith.
Vox responde a las inquietudes de la ciudadanía diciéndoles que "crucen los dedos y confíen en que este tribunal paralice esta locura antes de que tengas que achatarrar el vehículo. Si el 1 de enero no se ha parado, hay muchas personas que recibirían entre 300 y 600 euros de multa todos los días", ha asegurado.
Además, Ortega Smith ha explicado que la demanda no se pudo presentar antes "porque el alcalde, de una manera torticera, ha esperado a agotar el plazo para presentar su recurso de casación dejando correr el tiempo".
"Una vez que ya hay constancia de que se ha recurrido en casación, nosotros inmediatamente nos hemos puesto a preparar esta demanda de ejecución presentada ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia", ha manifestado el portavoz municipal de Vox.